Redacción. Valencia
El consejero valenciano de Sanidad, Luis Rosado, ha destacado este martes que se reingresarán a los farmacéuticos de la Comunidad Valenciana las facturas de "todos los meses que se puedan" de los que tienen pendientes de pago, desde el pasado mes de febrero, aunque ha garantizado un mínimo de dos tal y como reclaman los boticarios para no iniciar una huelga indefinida.
Además, ha destacado, tras asistir a la presentación del Plan de Formación e Investigación de Hiperplasia Benigna de Próstata de la Comunidad, que están contabilizando todas las facturas farmacéuticas pendientes de ingreso", que según los Colegios asciende a un total de 480 millones de euros, para "tenerlo todo preparado para el momento en que se pueda hacer frente a este pago".
Rosado ha explicado que estos aspectos se tratarán en la reunión "informativa" que mantendrá este martes junto al consejero de Hacienda, José Manuel Vela, con los Colegios de farmacéuticos de la Comunidad Valenciana y que responde a un compromiso para estudiar todas las posibilidades para agilizar lo antes posible el pago a los farmacéuticos. "Estamos empeñados a que esto sea a sí", ha recalcado. En este sentido, ha señalado que en esta entrevista se tratará precisamente de analizar qué fórmula se va a aplicar para poder hacerlo. Entre ellas, se ha referido a los mecanismos que se va a establecer esta misma semana a nivel del Gobierno central para el pago a proveedores entre otras posibilidades.
Rosado ha comentado que la ministra de Sanidad, Ana Mato, se ofreció a "favorecer el mismo propósito que tenemos el Gobienro valenciano que es realizar el pago lo antes posible" con los ministerios económicos del Gobienro central, que son "los que realmente establecen mecanismos para mejorar el pago de las cosas".
Las condiciones de la gestión compartida
En este mismo foro, Rosado ha señalado que algunas de las empresas que quieren concursar al modelo de gestión compartida "evidentemente quieren mejorar las condiciones del propio contrato", mientras que otras "están dispuestas a avanzar tal y como está diseñado". No obstante, ha señalado que no puede confirmar si se va bajar el canon de 180 millones de euros que se les exigirá a las adjudicatarias por el uso de las infraestructuras sanitarias. El consejero ha recalcado que la Abogacía y la Intervención de la Generalitat están llevando a cabo "un análisis muy exhaustivo" para "evitar que existan algún elemento que pudiera rozar en el futuro con el propio objeto del contrato". "Nuestra intención es crear este modelo bien y por ello se está procediendo a sus estudio desde todos los puntos de vista posibles", ha recalcado. Rosado ha señalado que pese a este "exhaustivo" estudio del documento se mantiene la previsión de que el nuevo modelo entre en funcionamiento el 1 de enero.