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Blindar el Sistema Nacional de Salud (SNS), convertir la atención a la dependencia en un derecho universal efectivo, reformar la financiación autonómica, garantizar recursos para nuevas prestaciones y avanzar hacia una atención más integrada. Estas son las prioridades de La Unió, una de las patronales de la sanidad catalana, que forman parte de un documento con propuestas para el sistema de salud y bienestar social que está compartiendo con los diferentes partidos que se presentan a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El lema que guía el documento, al que ha tenido acceso Redacción Médica, se basa en propuestas electorales en salud y bienestar social "para un sistema sanitario y social universal, sostenible, innovador y centrado en las personas". El texto contiene nueve sugerencias, entre las cuales destaca la primera: garantizar una atención de salud y atención a la dependencia universales.

La Unió aboga por "blindar el SNS como un servicio público universal, equitativo y de calidad, convertir la atención a la dependencia en un derecho universal efectivo para toda la ciudadanía y completar el traspaso efectivo de un sistema de Seguridad Social". En este sentido, la asociación que aglutina más de 115 entidades pide "completar el traspaso efectivo de un sistema de Seguridad Social a un SNS y social a nivel patrimonial, régimen estatutario de los profesionales, reconocimiento de derechos y cobertura".

Financiación e integración

La segunda reclamación de la patronal sanitaria es asegurar una financiación suficiente y sostenible. Para ello plantea reformar el modelo de financiación autonómica, incorporando criterios vinculados al envejecimiento, dependencia y necesidades sanitarias y sociales de la población. Además, incide en que cualquier nueva prestación social que se apruebe a nivel estatal "se haga con criterios de coste efectividad y coste oportunidad e incorpore a las comunidades autónomas la financiación necesaria para hacerla viable".

Otro de los retos identificados por La Unió es la integración de los sistemas sanitario y social y mejorar la accesibilidad. La asociación de organizaciones demanda "poner fin a la fragmentación entre los sistemas sanitario y social" a través de la "integración de competencias interadministrativas e interministeriales, planificación, recursos y financiación para ofrecer una atención centrada en la persona y sus necesidades a lo largo de la vida", asegura la directora general de La Unió, Roser Fernández.

Sobre esta cuestión, Fernández remarca que "sería un avance reconocer el derecho a la atención a la dependencia como un derecho universal efectivo y objetivo como la atención sanitaria, apostar por integrar presupuesto, planificación y cartera de servicios sanitarios y sociales". En cuanto al ámbito social de la administración local y autonómica, "integrar las políticas de continuidad asistencial y de gestión de listas de espera, armonizar las condiciones laborales de los profesionales e integrar los sistemas de información y evaluación", teniendo en cuenta también la estrategia, planificación, recursos y financiación en base a proyectos de intervención centrados en la persona como la atención domiciliaria, la atención a la cronicidad, la salud mental o la atención sanitaria a las residencias.

Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS

A pesar de que la convocatoria de elecciones ha paralizado el trámite del Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, La Unió vuelve a cargar contra esta normativa del ministerio de Sanidad y piden la retirada del actual redactado. "Apuesta directamente por un modelo de provisión de gestión directa por parte del sector público asociándolo automáticamente con el atributo de integridad, como sinónimo de honestidad. La integridad no es patrimonio de ningún modelo de gestión, se ejerce con transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y criterios de buena gobernanza", ha explicado Fernández.

La Unió se alinea con "fortalecer redes públicas de salud y servicios sociales inclusivas, de gobernanza orientada a resultados y de gestión ágil". Su directora general ha afirmado que apuestan por "avanzar en marcos normativos que constituyan unas redes de provisión mixta, inspiradas en los valores europeos de la Economía Social en torno a la vocación de servicio público, que no discriminan por titularidad sino por el cumplimiento de requisitos de calidad y responsabilidad en el marco de unas políticas públicas". En definitiva, "un modelo de red de provisión lejos de la publificación y lejos de la especulación".

Por ello, defienden reconocer un "régimen especial de autonomía de gestión" para las entidades del sector público asistencial, sanitario y social, que favorezca la gestión profesionalizada, modelos innovadores de relaciones laborales y organización, refuerce las capacidades de gestión y la autonomía organizativa, y la flexibilidad necesaria para ofrecer una atención más ágil, eficiente, innovadora y centrada en la persona, superando las limitaciones normativas del sector público administrativo.

Por otro lado, La Unió también pretende que se tomen medidas para afrontar reivindicaciones históricas del sector, como la deuda con la Seguridad Social de los hospitales y el resto de los centros sanitarios afectados de las redes de servicio público y reducir la carga del IVA no deducible.