Cataluña da el paso definitivo para actualizar el marco normativo para acreditar centros sanitarios. El Govern de Catalunya ha aprobado este martes en Consell Executiu el nuevo decreto de autorizaciones y registros de centros y servicios sanitarios, "uno de los trámites más importantes de Salut". El Departament de Salut prevé que, aparte de simplificar los trámites para abrir y gestionar centros sanitarios, se reducirán un 14,41 por ciento los costes administrativos por parte de los titulares de estos equipamientos, que pasarían de 38,99 millones de euros a 33,37 millones de euros.
La jefa del Servei d'Ordenació Sanitària del Departament de Salut, Yolanda Ortega, ha asegurado ante los medios de comunicación que este decreto actualiza el vigente, que data de 2017, y busca revertir "una carga administrativa que hoy en día se considera elevada", así como "unos plazos que no son los deseables", reduciéndolos en un 30 por ciento. De hecho, esta reforma administrativa es uno de los treinta trámites prioritarios que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha identificado dentro del proceso de simplificación administrativa, con el objetivo de reducir cargas burocráticas, agilizar los procedimientos y facilitar la relación de la ciudadanía, las empresas y los profesionales con la Administración.
El nuevo documento actualiza la normativa vigente e introduce dos mejoras sustanciales. El objetivo es reducir la burocracia asociada a estos trámites, evitar que los centros deban presentar diversas veces los mismos documentos y agilizar las gestiones administrativas, sin reducir las garantías de calidad asistencial ni de seguridad de los pacientes. El nuevo decreto hará "más fáciles y rápidos" los trámites que deben hacer los centros sanitarios para abrir, renovar las autorizaciones o introducir cambios en su actividad.
Menos trámites para centros sanitarios
Una de las principales novedades es que los centros no tendrán que volver a presentar documentos que la Administración ya tiene, siempre que continúen siendo válidos y se cumplan los requisitos establecidos. Por ejemplo, si un centro ya ha presentado la documentación técnica necesaria para obtener permiso de instalación, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, no la deberá volver a aportar cuando solicite la autorización para comenzar a funcionar.
También se facilitarán los trámites para introducir determinados cambios en los centros. Modificaciones como un cambio de nombre o de persona responsable se podrán comunicar directamente a la Administración, sin necesidad de pedir una nueva autorización. En cambio, los cambios importantes que afecten las condiciones de funcionamiento continuarán requiriendo una autorización previa. "Estas medidas quieren evitar trámites repetitivos y reducir los retrasos que pueden afectar la apertura o la modificación de centros sanitarios", ha indicado Salut.
Declaración responsable
En cuanto a la renovación de las autorizaciones de funcionamiento de los centros sanitarios, las acreditaciones, el nuevo decreto también lo simplifica. Con carácter general, estas autorizaciones se deberán renovar cada diez años, pero los centros podrán hacerlo mediante una declaración responsable, es decir, un documento en que acreditarán que continúan cumpliendo todos los requisitos necesarios para desarrollar su actividad.
Esta declaración responsable será válida en caso de renovación general y cierre, aunque con excepciones, según ha detallado Ortega. "Esto permitirá reducir la documentación y los pasos administrativos de la renovación, manteniendo la capacidad de la Administración para comprobar que los centros cumplen la normativa", ha agregado. Los centros con pacientes ingresados y otros supuestos específicos continuarán necesitando una autorización para garantizar la protección de los pacientes y la continuidad de la atención.
Beneficios para profesionales y pacientes
Para los profesionales, el nuevo decreto de autorizaciones y registros de centros y servicios sanitarios implica que estos tengan registrada la titulación, competencias y colegiación de los profesionales cuando sea exigible, así como un registro de personal actualizado y medidas para prevenir riesgos y mejorar la seguridad de los pacientes. Sin embargo, la nueva normativa también se amolda a la tipología de centros y actividad que desarrolle cada equipamiento, según ha matizado la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
La normativa entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mientras que los titulares de los centros y servicios tendrán un año para adaptarse a las nuevas obligaciones y la Administración dos años para la adaptación digital de datos y documentación. Sin embargo, los procesos ya iniciados se regirán por el decreto de 2017.
Salut busca con esta iniciativa "simplificar sin desproteger", con menos documentos repetidos y trámites proporcionales, más claridad sobre quién debe hacer qué y garantías asistenciales y control sanitario. En resumen "una reforma administrativa al servicio de la atención sanitaria" que "no merma las garantías de los pacientes". Para los pacientes, la principal novedad es que la normativa recogerá medidas para garantizar que reciban información clara y accesible, que se respeten sus derechos lingüísticos y que se proteja adecuadamente su documentación clínica.