La sanidad concentra el 92 por ciento de las discriminaciones lingüísticas en las administraciones autonómicas por hablar catalán. El informe de Plataforma per la Llengua de los casos atendidos en 2025 muestra que las quejas y discriminaciones en el uso de este idioma aumentan año a año. El pasado, esta entidad recibió más de 3.600 quejas, casi un 25 por ciento más que en 2024.
Hubo 176 casos de discriminación grave en las administraciones públicas, sobre todo en sanidad, de personas que han tenido que cambiar de lengua para recibir atención médica o hacer un trámite. En ese sentido, el presidente de Plataforma per la Llengua, el médico Òscar Escuder, ha asegurado en la Comissió de Política Lingüística del Parlament de Catalunya que hace 28 años que el Departament de Salut vulnera los derechos lingüísticos y la seguridad asistencial.
"Llevamos prácticamente treinta años incumpliendo la ley de política lingüística en lo que se refiere a sanidad, insisto, con procesos de selección y pruebas fraudulentas, a veces, activamente, como ya hemos denunciado. Y las cifras que tenemos, de 2023, nos dicen que el 30 por ciento de médicos en Cataluña no habla catalán y el 13 por ciento no lo entiende", ha incidido. En 2025, 69 de las 75 discriminaciones lingüísticas de las administraciones autonómicas recogidas en el informe se produjeron en sanidad.
Cuatro de cada diez quejas, en sanidad
Asimismo, la sanidad también concentra el 38,1 por ciento de las quejas contra las administraciones autonómicas, es decir, casi cuatro de cada diez. Plataforma per la Llengua remarca que ambos datos apuntan a un mismo problema: "las dificultades para vivir en catalán llegan a un servicio esencial, cuando más vulnerables podemos ser".
La entidad también ha remarcado que de 2016 a 2025 las quejas lingüísticas se han disparado un 822,8 por ciento. También en sanidad, Plataforma per la Llengua ha denunciado en diversas ocasiones que las pruebas de catalán en sanidad no garantizan el nivel requerido y hay contrataciones que eluden su comprobación. "Garantizar la capacitación lingüística de los profesionales es responsabilidad de la Administración. Los pacientes no deben pagar las carencias", apunta.
El aumento de las quejas y discriminaciones tratadas por Plataforma per la Llengua no se explica necesariamente por un empeoramiento de la situación del catalán, a su juicio. Hay otros posibles factores explicativos, como que "la entidad es más conocida y la sociedad está más concienciada de la situación de emergencia lingüística, lo que puede generar actitudes más fieles a la lengua, más vulneraciones por este motivo y también más denuncias de los afectados".