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Redacción. Barcelona

Medges de Catalunya (MC) ha alertado a los cuatro colegios médicos catalanes de actuaciones impulsadas desde diferentes ámbitos de la Administración y de las empresas sanitarias, contra la libertad de prescripción facultativa y contra las competencias profesionales del colectivo, y los insta a ser más exigentes en la defensa del “patrimonio” médico.

Todo ello ha sido ha sido comunicado a través de una carta dirigida a los presidentes de los colegios de médicos de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, en la que el sindicato critica las directrices que están recibiendo algunos facultativos de atención primaria para que modifiquen sus planes de medicación a fin de alcanzar unos objetivos económicos de los centros, “que se desentienden de los diagnósticos y de las situaciones clínicas concretas”.

Según denuncia MC en la misiva, estos objetivos provocan coacciones de los responsables territoriales al colectivo médico, al que se le pide que asuma, como propia, la notificación de los cambios en la medicación a sus pacientes.

Asimismo, el sindicato pide los colegios profesionales que, como proveedores de la certificación digital que identifica el facultativo y hace posible la receta electrónica, velen por la libertad de prescripción de sus colegiados y no permitan discriminaciones dentro del colectivo, en referencia a la limitación a 60 días del período de prescripción electrónica para los facultativos especialistas que contrasta con el de los médicos de familia, que pueden prescribir fármacos para un año. Para MC, esta restricción “no sólo reportará incomodidades inexplicables para el paciente y sobrecargas asistenciales para los médicos de cabecera”, sino que podría derivar en “enfrentamientos entre colectivos médicos del todo inadmisibles”.

Presión para modificar el RD de dispensación de enfermeros

Por otro lado, el sindicato también reclama a los colegios que presionen el Ministerio de Sanidad, para que modifique el proyecto de Real Decreto , redactado por el anterior gobierno, que prevé la “indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”. MC considera que el redactado del proyecto supone un “riesgo” para a las competencias facultativas, ya que confiere a la Administración la potestad de asignar atribuciones “genuinamente médicas” a terceros, sin la participación del médico.