Redacción. Barcelona
El Govern ha acordado solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) catalán dos dictámenes previos a la presentación de un conflicto positivo de competencia por dos órdenes estatales que regulan la concesión de subvenciones a entidades sociales.
Por un lado, el Consejo Ejecutivo lleva al Consejo de Garantías Estatutarias la Orden estatal que establece las bases reguladoras y convoca la concesión de subvenciones para programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el conocido 0,7 por ciento. Por otra parte, el ejecutivo catalán también pide dictamen sobre la Orden que establece las bases de la concesión de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. El Consejo de Garantías Estatutarias dispone de un mes para emitir los dictámenes.
Tal como establece el Estatuto de autonomía de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat tiene competencia exclusiva en materia relativa a los servicios sociales. Obviando esta circunstancia, el Gobierno del Estado establece que el Ministerio realice de manera centralizada la convocatoria, la gestión y la concesión de las subvenciones, impidiendo la actuación de las comunidades en los proyectos a realizar en su territorio.
El Tribunal Supremo ya dio la razón a la Generalitat el pasado mes de julio, al estimar el recurso de casación contra la Orden que establece las bases de la concesión de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Esta sentencia favorable se suma a la que ya dictó el mismo órgano judicial reconociendo la competencia del Gobierno en la tramitación, resolución y pago de las subvenciones provenientes de la asignación del 0,7 por ciento del IRPF.