Redacción. Valladolid
Los dependientes grado II de Castilla y León se beneficiarán de un acceso a los servicios profesionales equiparable al que tienen los de grado III, gracias al acuerdo alcanzado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la comisión de seguimiento de la Ley de Dependencia en la que están representados el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares) y la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte). Esta medida, junto con otras adoptadas por esta comisión de seguimiento, son efectivas desde el 1 de enero de 2013.
De esta forma, se ha decidido incrementar las cuantías máximas que percibe una persona con grado II de dependencia “para garantizar que todos ellos alcancen una capacidad de gasto de, al menos, 1.100 euros mensuales que les permita adquirir un servicio o contratar a un asistente personal, sumando el importe de la prestación vinculada y su capacidad económica”.
Según ha explicado la consejera Milagros Marcos con esta medida los dependientes severos (grado II) con una capacidad económica de 357 euros pasarán de percibir 511 euros al mes a 742, lo que supondrá que contarán con 1.100 para adquirir el servicio más caro: una plaza residencial. En el caso de que tengan una capacidad económica de 550 euros, percibirán 550 euros, y si cuentan con 700, recibirán 400 euros. El objetivo es que todos los dependientes severos, con independencia de su capacidad económica, puedan acceder en igualdad de condiciones a una plaza residencial o a otros servicios que un gran dependiente (grado III).
Precio de referencia de la plaza residencial
Por otra parte, la Junta ha acordado con Lares y Acalerte, que aglutinan el 80 por ciento de las plazas residenciales, que el precio de referencia por plaza residencial para personas mayores oscile entre los 1.100 y los 1.500 euros. Junto a esto, la Consejería y los representantes del sector prestador de servicios y el sector de la discapacidad acuerdan que las personas en situación de dependencia con grado I (dependientes moderados) puedan acceder a una plaza residencial. Aunque esta posibilidad no está amparada en el marco de protección estatal, Castilla y León abre esta posibilidad por el nivel adicional que aporta la Comunidad Autónoma.
Otra de las medida pactadas es eliminar la previsión, recogida en el acuerdo de julio de este año, de reducir en un 10 por ciento en 2013 y en otro 10 por ciento en 2014 las ayudas económicas destinadas a cuidados familiares. La Consejería, además, se compromete a que el pago de las prestaciones económicas de todos los grados de dependencia se realice en los diez primeros días del mes siguiente a la tramitación de la nómina.
Acuerdos específicos para las personas discapacitadas
En el caso concreto de las personas con discapacidad, la Consejería y Cermi han acordado que las personas que necesiten un centro residencial más un centro de día o un centro ocupacional puedan recibir dos ayudas vinculadas que les permita acceder a las dos plazas al mismo tiempo. De esta forma, una persona con discapacidad de grado III de Dependencia contará con 2.100 euros, entre la ayuda vinculada y su capacidad económica, para acceder a los dos servicios. Una de grado II dispondrá en conjunto de 1.600 euros, y una de grado I, con un total de 1.400 euros. Esta mejora se hará extensiva al servicio de promoción de la autonomía personal.
Y, además, la Consejería se compromete a agilizar los trámites para promocionar el servicio de autonomía personal para las personas con discapacidad y adoptará, asimismo, las medidas necesarias para garantizar la progresiva integración entre los procedimientos y equipos de valoración de Discapacidad y de Dependencia.