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Redacción.Valladolid

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles con los votos a favor de la bancada 'popular' el Proyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito para la financiación del mecanismo de pago a proveedores al que se acogió la Comunidad Autónoma el pasado 29 de marzo y que permitió hacer frente en junio a 1.052 millones de euros en facturas impagadas por obras, servicios y suministros a la Administración regional.

Con la aprobación de este Proyecto de Ley, que ha contado con el voto en contra del Grupo Mixto y la abstención de los socialistas, se ha dado el visto bueno a contabilizar esos 1.052 millones de euros adicionales (1.050 millones en forma de suplemento y 2,5 millones en forma de crédito extra) en el presupuesto de Castilla y León para el año 2012 afectado por las “graves tensiones de liquidez” de las administraciones ante la insuficiencia de recursos propios y las restricciones para la obtención de financiación ajena.

Así lo ha explicado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en la presentación de este Proyecto de Ley que ha permitido regular un mecanismo “ventajoso” tanto por los costes financieros, “menores a los que ofrece el mercado” y con tipos de intereses “más atractivos”, como por los plazos, 10 años con los dos primeros ejercicios de carencia, unas condiciones “vedadas en esos momentos” para las autonomías.

Del Olmo ha destacado la importancia de este proyecto por su “incidencia positiva” en la sostenibilidad de las cuentas públicas al permitir regularizar los pagos pendientes con un total de 2.137 empresas de Castilla y León y que fueron tenidos en cuenta en su momento para determinar el déficit de la Comunidad, según ha aclarado.

En este sentido, la consejera ha aprovechado la ocasión para lamentar la crisis de recursos y, en particular, la “insuficiente” financiación de la Sanidad -casi un 95 por ciento de las partidas modificadas corresponden a gasto sanitario-- que, según ha recordado, afecta a las comunidades desde el traspaso de las competencias de gestión sanitaria “y que no han sabido resolver los sucesivos sistemas de financiación, tampoco el de 2009”.