Redacción. Valladolid
Más de un centenar de empresarios y autónomos de Castilla y León pertenecientes a diecinueve colectivos afectados por el llamado 'céntimo sanitario' se ha concentrado esta mañana ante las puertas de la Consejería de Hacienda para exigir a su titular, Pilar del Olmo, que dé marcha atrás en la aplicación de dicho impuesto sobre hidrocarburos que, en su opinión, supondrá la "puntilla" y la ruina de miles de negocios y la destrucción, sólo en el sector de gasolineras, de más de 2.000 puestos de trabajo.
La movilización fue secundada por transportistas, taxistas, repartidores, distribuidores de gasóleo, agricultores, excavadores, dueños de gasolineras, empresarios del metal y la madera, autoescuelas, empresas de limpieza...todos unidos bajo una misma reivindicación, que el próximo pleno de las Cortes excluya de la Ley de Medidas excluya lo que calificaron como "centimazo", que contempla una subida de 4,8 céntimos por cada litro de combustible y que, tal y como advirtieron, no sólo repercutirá en sus negocios sino también en el precio de los alimentos y productos de primera necesidad.
Entre los concentrados, Horacio San Segundo y Rafael Pizarro, el primero máximo responsable regional de la Federación de Asociaciones de Estaciones de Servicio (Fereclaes) y el segundo de la patronal Avecal, coincidieron al subrayar las graves repercusiones que traerá consigo el 'céntimo sanitario' en materia de destrucción de empleo en este sector, que cifraron en más de 2.000, así como la situación de desventaja para Castilla y León con respecto a otras autonomías limítrofes donde no se aplica dicho impuesto.
“¡Si España es España, tendrá que ser en todos los sitios igual!", enfatizó San Segundo, quien apuntó que los profesionales del sector se irán a otras comunidades limítrofes para repostar. "Un camión que reposta 1.200 litros, ¡fíjate lo que se va a ahorrar!", puso como ejemplo el presidente de Fereclaes.
Bruselas dice que es ilegal
Pero además, el presidente de Avecal, Rafael Pizarro, recordó que incluso Bruselas ya ha puesto de manifiesto la ilegalidad de este gravamen, "ya que superpone impuestos sobre impuestos y lo recaudado no se destina a la sanidad", y destacó que su aplicación será muy negativa para Castilla y León, caracterizada por ser una comunidad de paso, al igual de lo que ya ocurriera en Portugal.
"Allí, para superar la crisis, se le ocurrió también a alguien subir los impuestos especiales y el resultado fue la ruina de la zona portuguesa que limita con España, ya que las grandes flotas de aquel país se iban a repostar fuera", explicó Pizarro, que no desea que se produzca una situación similar en Castilla y León.
Por su parte, Miguel Olmos, secretario de la patronal de transportistas de mercancías por carretera de
Castilla y León, no dudó al calificar de "atropello total" las pretensiones del Ejecutivo de Herrera, mientras que el portavoz de los taxistas, Roberto Merino, cifró entre los 250 y 300 euros el sobrecoste que tendrán que soportar al año los profesionales del taxi, sector ya de por sí en una muy delicada situación por el recorte de servicios motivado por la crisis, y aventuró que los afectados tendrán que compensar pérdidas con una modificación al alza de las tarifas en 2013.