Redacción. Valladolid
La Consejería de Administración Autonómica de la Junta de Castilla y León ha procedido a anular los nombramientos a los enfermeros de Atención Primaria que tomaron posesión de su plaza en septiembre de 2009, debido a la aplicación de una sentencia que la propia Administración ha ejecutado de oficio, ya que el demandante no se ha interesado porque se ejecutara la misma.
La secretaria general de Satse en Castilla y León, Silvia Sáez, ha explicado que se trata de una sentencia que afecta a uno de los procesos de selección de 2005, debido a que “se planteó como un proceso de consolidación por procedimiento interno”, cuando el Supremo el año antes ya había planteado en sentencia que “se podían consolidar plazas pero no personas”.
A “pesar de la sentencia del Supremo, la Junta siguió adelante” con el proceso de selección, que fue recurrido por uno de los afectados, que luego no ha pedido la ejecución del fallo judicial.
El sindicato Satse solicitó a la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, que no ejecutara la sentencia de esta manera, pues se producía un perjuicio muy grave a las 153 personas que tras casi un año y medio de tener una plaza en propiedad, ahora se quedan sin ese nombramiento, con las consecuencias que esta situación conlleva: muchos de los afectados ya han consolidado su vida personal y familiar por el hecho de ser fijos y ahora se ven totalmente indefensos y, en algunos casos, incluso, con una pérdida retributiva de 250 euros mensuales.
El Sindicato de Enfermería considera que la Administración debería haber sido más sensible a las situaciones personales de los afectados y no haber interpretado la ejecución de la sentencia en este sentido. Podría haber baremado de nuevo los méritos de los aspirantes que obtuvieron plaza tras la convocatoria de esta oposición en el año 2006, tal como indicaba el fallo de la sentencia, y sin embargo, no solo van a tener que verse involucrados en un nuevo proceso de baremación, que algunos casos les perjudicará, sino que además, se han quedado sin su nombramiento como personal fijo y han visto disminuidas sus nóminas.
Esta situación no se ha dado nunca en Castilla y León con el personal de enfermería y está creando un precedente muy importante por la desconfianza, inseguridad e incertidumbre no solo de las enfermeras afectadas, sino de todo el colectivo, que no puede confirmar su situación a pesar de presentarse a una oposición y conseguir ganar una plaza en propiedad.
Satse está preparando los incidentes sobre la ejecución de esta sentencia pues la única salida que les queda a las 153 enfermeras afectadas es apelar a la justicia para que se haga valer de nuevo el nombramiento que la Administración les ha quitado de oficio.