Redacción. Valladolid
Un total de 11.350 nuevos pacientes (5.799 mujeres y 5.551 hombres) han iniciado durante el primer trimestre de 2011 el tratamiento para dejar de fumar en Castilla y León por medio de los servicios de deshabituación tabáquica que el Servicio de Salud (Sacyl) ofrece a los ciudadanos de la Comunidad en la cartera de servicios de Atención Primaria. Esta cifra es un 18,7 por ciento mayor respecto al mismo periodo de 2010, año en el que la cifra fue de 9.558 personas (4.638 mujeres y 4.920 hombres).
El incremento de actividad en los servicios de deshabituación tabáquica del Sacyl, según interpreta la Consejería, coincide con la aplicación de la nueva legislación nacional sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y que entró en vigor a principios de enero, centrándose los cambios que introduce la Ley 42/2010, principalmente en la prohibición de fumar en establecimientos públicos cerrados y en cualquier ámbito laboral.
Por otra parte, La Junta de Castilla y León han mantenido durante este primer trimestre de 2011 la labor inspectora que ya venía ejecutando desde la entrada en vigor de la Ley 28/2005 y del Decreto 52/2006 referido a la regulación y al control de las actividades relacionadas con el tabaquismo en la comunidad castellana y leonesa. Los datos referidos a los meses de enero, febrero y marzo de 2011 indican que en la comunidad, los inspectores de los nueve servicios territoriales de Sanidad han cursado un total de 3.587 inspecciones, lo que han dado lugar a la tramitación de 121 expedientes y a la incoación de 33 sanciones a lo largo de este primer trimestre.
Actuaciones en materia de control del tabaco
Las actuaciones inspectoras de la Junta en relación con el tabaco se realizan desde una doble motivación: por un lado, dar respuesta a las denuncias presentadas ante los correspondientes órganos competentes; y por otro, desarrollar el plan de inspección y control que la Dirección General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación y la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León pusieron en su momento en marcha conjuntamente y que supone que los distintos servicios territoriales, a través de los inspectores de Sanidad, cumplen con un número mensualmente previsto de visitas a establecimientos de distinta índole, durante las cuales se comprueba el cumplimiento de la legislación vigente.
En ambos casos, los inspectores de la Junta realizan la oportuna acta, en la que se informa de las posibles deficiencias y, en su caso, puede dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador que, dependiendo de los aspectos incumplidos, originará sanciones leves, graves y muy graves, cuya órgano sancionador y cuantía está estipulado por la normativa vigente, quedando siempre la opción del recurso ante la vía contencioso-administrativa.