La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido un informe de fiscalización relacionado con el procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente de la Junta de Andalucía. La evaluación se ha aplicado a tres grandes bloques: órganos y servicios -donde está incluido el Servicio Andaluz de Salud (SAS)-, subvenciones y ayudas, y otros gastos.
"Desde el punto de vista económico las obligaciones reconocidas sometidas al procedimiento ascienden, al menos, a 37.921,01 millones de euros en el periodo 2020-2024", indica el resumen del documento. De esta cifra, "el mayor peso" corresponde a órganos y servicios, por un monto de 30.387,14 millones de euros, que representan el 80,13 por ciento del "total afectado", bloque en el que destacan "especialmente los centros de gasto periférico del Servicio Andaluz de Salud, con 30.276,47 millones", equivalentes al 79,84 por ciento del total del procedimiento.
Resultados derivados del control financiero permanente
Según el informe, en órganos y servicios "las incidencias más comunes en materia de contratación son la utilización incorrecta del contrato menor, presente en el 100 por cien de los informes analizados, o la existencia de errores en documentos contables, fechas de devengo y vencimiento de pagos, detectados en el 75 por ciento de los casos".
Además, subrayan que "la fiscalización ha puesto de manifiesto limitaciones en los sistemas de información y en las bases de datos utilizadas, en los que se han detectado errores, duplicidades, carencias de información y falta de trazabilidad". "En conjunto, no constan indicadores específicos que permitan valorar de forma sistemática el impacto de la sustitución del control previo por el control financiero permanente sobre la gestión económico-financiera. Esta ausencia dificulta determinar si el procedimiento ha contribuido a mejorar la eficacia, eficiencia y economía de la gestión pública", destaca el texto.
El PSOE-A exige explicaciones de la Junta
Al respecto, la portavoz del Grupo Socialista andaluz y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha considerado que el informe "detecta enormes irregularidades de una gran gravedad", por lo que ha exigido "explicaciones inmediatas" de parte del presidente autonómico, Juanma Moreno. "Este informe analiza las consecuencias de la decisión del Gobierno andaluz de sustituir para determinados gastos la fiscalización previa por el control financiero permanente, es decir, por la fiscalización a posterior", ha explicado, con lo cual, "con este nuevo sistema de fiscalización a posteriori, el control que se hace después se produce cuando el dinero ya se ha desembolsado", ha detallado en rueda de prensa el último martes.
Montero ha enfatizado que son "casi 38.000 millones de gasto público" los que antes tenían control de la Intervención. "Hago hincapié en esto porque el 80 por ciento de este dinero que se ha pasado a gasto fiscalizado con posterioridad corresponde al SAS. Un gasto, por tanto, que tiene que ver con la sanidad y que maneja el presupuesto más alto que tiene la Junta de Andalucía", ha enfatizado.
En esa línea, ha subrayado la necesidad de recibir explicaciones de parte del Gobierno andaluz y conocer "cuántos millones de euros corresponden a expedientes con irregularidades, qué contratos están afectados y quiénes son los titulares de dichos contratos".