Cristina Mouriño.
La consejera de Salud y Bienestar Social ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno para detallar los ahorros previstos con las medidas de eficiencia puestas en marcha por su departamento. En este sentido, María Jesús Montero, ha subrayado que la reducción de los cargos directivos supondrá un ahorro de 5 millones de euros al año.
Montero ha reiterado que estas medidas garantizan la permanencia del sistema sanitario “tal y como lo conocemos”. “Hemos de seguir el camino de la eficiencia para que el sistema sanitario salga indemne”, ha apuntado. “La eficiencia, ha continuado, ha sido un elemento que se ha ido incorporando a nuestra política y que ha permitido a Andalucía gozar de la situación óptima en la que se encuentra, con respecto a otras comunidades”. Según un informe de 2012 del Consejo Económico y Social (CES), “somos la comunidad con menor gasto sanitario”.
La consejera andaluza ha señalado que varios informes demuestran que el sistema público es más eficiente que el privado. “El Banco Mundial, ha explicado, afirma que el modelo de seguridad social basado en cuotas es un 4 por ciento más caro que los sistemas nacionales de salud”.
Montero ha destacado que el Plan andaluz de Atención al Ictus genera un ahorro de 7 millones al año. Asimismo, ha subrayado que la Atención Primaria copa el 18 por ciento del gasto frente al 14 por ciento de media nacional.
Otra de las medidas de eficiencia que ha destacado la consejera andaluza es la extensión de las operaciones quirúrgicas sin ingreso hospitalario, que actualmente suponen ya la mitad de las que actualmente se realizan en la comunidad autónoma, y que generan un ahorro de 300 millones de euros al año.
Recuerda que la concertación “solo alcanza el 3 por ciento del presupuesto”
Por otro lado ha recordado que el modelo de gestión de empresa pública sanitaria en Andalucía “no es privado”, en el sentido de que “son empresas cien por cien capital público, es decir, que no hay ninguna aseguradora o empresa de capital riesgo”, toda vez que ha subrayado que la concertación de servicios sanitarios con empresas privadas “solo alcanza el tres por ciento del presupuesto”.
A preguntas de los periodistas al término de la reunión del Consejo de Gobierno, Montero ha sostenido también que los trabajadores de estas empresas “son cien por cien públicos” y que su funcionamiento se somete “a la Ley de Contratos de Estado”.