Redacción. Sevilla
El sistema sanitario público andaluz atenderá a todos los inmigrantes con residencia en la comunidad autónoma. En una respuesta parlamentaria, la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero ha desglosado las razones por las que Andalucía mantiene la asistencia sanitaria a estas personas, que en la comunidad autónoma seguirán teniendo cobertura sanitaria en cumplimiento del Estatuto de Autonomía que “prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos” en su Artículo 14.
La máxima responsable de la sanidad andaluza ha asegurado en el pleno del Parlamento Andaluz que la exclusión de la sanidad pública de la población inmigrante en situación administrativa irregular no es una medida de ahorro ya que su frecuentación a los servicios sanitarios es baja y ha matizado que el Gobierno andaluz entiende que excluir a los inmigrantes del sistema público de salud “no tiene más consecuencias que la exclusión, la discriminación, el aislamiento y la xenofobia”. En este sentido, ha recordado que las modificaciones implantadas por el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes rompen el principio de universalidad y lo sustituyen por la condición de asegurado. Según Montero, es un “claro intento por desmantelar el modelo del Sistema Nacional de Salud” por parte del Gobierno central.
La frecuentación de estas personas a los centros de salud sólo representa el 0,6 por ciento de las consultas totales que se llevan a cabo en Atención Primaria, el 2,3 por ciento de la asistencia a urgencias y el 7 por ciento el de partos. En base a ello, ha manifestado que se trata de personas jóvenes y sanas, y ha señalado que en 2011 se expidieron algo más de 46.000 documentos temporales de asistencia, casi un 50 por ciento menos desde 2007.