Redacción. Sevilla
El Gobierno andaluz ha aprobado la modificación de tres decretos autonómicos y la derogación de otros dos para simplificar procedimientos relativos a salud y consumo, en cumplimiento de una directiva comunitaria de servicios en el mercado interior. Esta norma europea tiene como objetivo eliminar las barreras legales y administrativas para la actividad económica.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha explicado que esta medida se inscribe en el procedimiento de agilización de trámites de la Administración que el Gobierno andaluz tiene en marcha. Según Moreno, se trata de un conjunto de acuerdos que inciden en un "aspecto fundamental" para el Ejecutivo de Griñán, que es "tener una administración pública moderna, más ágil, con menos cargas burocráticas y con menos tiempo de espera para los administrados".
En este sentido, ha señalado que estas actuaciones han conseguido eliminar "miles de papeles de la Junta y ganar miles de horas a los ciudadanos en los tiempos de espera para cualquier resolución", lo cual se traduce en "una mejora de la Administración y de la actividad privada".
La decisión del Consejo de Gobierno se dirige a sustituir autorizaciones administrativas previas por declaraciones responsables, verificables a través de inspecciones posteriores, en las siguientes actividades: instalación de pilares informativos en puntos de venta directa de combustibles y carburantes; servicios locales relacionados con piscinas de uso colectivo y cementerios; cursos de formación en materia de manipulación de alimentos, y funciones de autocontrol analítico para laboratorios de salud pública en los ámbitos ambiental y alimentario.
De acuerdo con estos cambios, los decretos modificados son el 537/2004, regulador de los derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor de combustibles y carburantes en instalaciones de venta directa; el 23/1999, del Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, y el 95/2001, del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
En cuanto a las dos normas derogadas, se trata del Decreto 189/2001, regulador de los planes de formación de manipuladores de alimentos y del régimen de autorización de las entidades que imparten los cursos, y el Decreto 444/1996 sobre procedimiento de autorización y registro de los laboratorios de salud pública.