La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha comparecido este lunes en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para presentar el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud Mental. Allí ha apelado al "espíritu de diálogo" de los distintos grupos parlamentarios para conseguir llegar a un consenso y sacar la norma adelante.
Saavedra ha dicho que la ley sitúa los derechos de las personas en el centro de todas las actuaciones públicas, precisando que "no estamos únicamente ante una norma sanitaria, estamos ante una ley de ciudadanía y de derechos humanos".
La consejera ha explicado que se trata de "una ley pionera que pretende dar respuesta a una demanda creciente por parte de la ciudadanía y que aspira a consolidar un modelo de atención más humano, más cercano y respetuoso con los derechos de las personas", partiendo de la convicción de que "sin salud mental no hay salud".
Saavedra ha destacado que el proyecto reconoce expresamente derechos específicos como "el derecho a la autonomía en la toma de decisiones, a la accesibilidad social, a una atención integral e individualizada" y otros como el consentimiento informado, las instrucciones previas o participar activamente en el propio proceso de recuperación.
La iniciativa incorpora una clara apuesta por combatir el estigma y la discriminación, ya que, según Saavedra, "muchas de las dificultades que encuentran no provienen únicamente de la situación clínica, sino también de barreras sociales, culturales e institucionales que limitan su participación plena en la comunidad".
Ha añadido que, en coherencia con esta filosofía, la propuesta fortalece la participación social mediante la creación de nuevos instrumentos como la Comisión de Salud Mental del Principado de Asturias y "la Oficina para la Protección de los Derechos en Salud Mental, un instrumento innovador destinado a velar por el respeto efectivo de los derechos reconocidos en la ley".
Saavedra ha incidido en que "la salud mental no depende exclusivamente de los servicios sanitarios", ya que "factores como el empleo, la vivienda, la educación, las relaciones sociales, la pobreza, la soledad o las condiciones de trabajo influyen decisivamente en el bienestar psicológico de las personas". Por ello, la ley incorpora "una visión intersectorial y comunitaria que compromete a diferentes ámbitos de la acción pública", con especial importancia en la prevención de adicciones y conducta suicida.
Enmiendas a la normativa
En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PP Pilar Fernández Pardo ha dicho que el proyecto de ley de salud mental parte de una necesidad real y aborda materias que considera importantes, aunque ha subrayado que "su verdadero valor dependerá de que Asturias sea capaz de transformar los principios en una red asistencial que funcione mejor, con recursos suficientes y con profesionales".
Fernández Pardo ha presentado un decálogo de medidas que el Grupo Parlamentario Popular plasmará a través de enmiendas, entre las que ha destacado "garantizar financiación suficiente y plurianual, ahora no contemplada, situar la prevención del suicidio como prioridad real, reforzar la base científica y clínica de la ley, delimitar claramente las competencias profesionales y reforzar atención primaria". Asimismo, ha reclamado "dar una respuesta específica a infancia, adolescencia y casos complejos, proteger al paciente y también al profesional, garantizar una cartera completa de tratamientos" e "implantar evaluación y control parlamentario efectivos".
La diputada popular ha insistido en que no desean "una ley de buenas intenciones", sino que reclaman "una ley útil, aplicable, financiada, basada en la evidencia científica, evaluable y capaz de dar respuestas reales a los asturianos", con el objetivo de que "Asturias tenga la política de salud mental que sus ciudadanos merecen".
Por su parte, Sara Álvarez (Vox) ha criticado que el proyecto de ley de salud mental se confunda con una lluvia de derechos que nadie niega a los pacientes de salud mental, pero pasando por alto lo más importante, que es la "deficiencia profunda y estructural de medios para atender a las personas que sufren."
Álvarez ha señalado que la norma no aborda las carencias reales del sistema sanitario asturiano, ya que "no se habla de tiempos de consulta adecuados, de número de facultativos, coherente con la explosión del número de casos de salud mental, ni de dotar a los hospitales de un número adecuado de camas".
Asimismo, ha denunciado que "la ley no concreta cómo se financiarán muchas de las medidas anunciadas y Asturias no necesita otra ley llena de buenas palabras que luego no pueda aplicarse por falta de medios". La representante de Vox ha insistido en que "los ciudadanos no necesitan más burocracia, necesitan más profesionales, menos listas de espera, más atención en el medio rural y más apoyo directo a las familias".
Apoyos a la ley de salud mental
Por parte del PSOE ha intervenido Jacinto Braña, quien ha afirmado que con el proyecto la Sociedad Asturiana y el Gobierno del Principado de Asturias avanza hacia un enfoque más justo y humano de la salud mental, colocando a las personas en el centro del sistema".
Ha dicho que la nueva norma abandona los modelos tradicionales basados en la institucionalización para apostar por una atención comunitaria que reconozca la autonomía personal y los derechos de los pacientes.
"La salud mental no es solo una cuestión sanitaria, sino también social", ha señalado Braña, quien ha destacado que el texto reconoce cómo factores como la precariedad laboral, la vivienda o la desigualdad influyen directamente en el bienestar psiquiátrico. Asimismo, ha subrayado que la norma introduce "un enfoque integral que combina prevención, atención y participación ciudadana" y plantea combatir el estigma y la discriminación estructural mediante campañas, formación y cambios institucionales.
Entre los aspectos más innovadores, Braña ha destacado que la ley refuerza derechos clave como la voluntariedad de los tratamientos, la no violencia y el derecho a la libertad de expresión, además de impulsar la participación activa de las personas con experiencia propia en salud mental en la toma de decisiones. El diputado socialista ha concluido que "esta ley es un punto de partida que nos permitirá enfrentar en los próximos años el gran reto que supone la salud mental de los asturianos y asturianas".
El portavoz del Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, Xabel Vegas, considera que la ley va "en la dirección correcta" y cree que va a suponer "un antes y un después" en las leyes de las comunidades autónomas sobre la materia.
La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé se ha comprometido a presentar algunas enmiendas para tratar de contribuir a mejorar el texto definitivo. "Irán en la dirección del reconocimiento de los derechos de las personas y su autonomía", ha avanzado.