Los médicos repudian la apuesta valenciana por el equivalente terapéutico

El proyecto de decreto de Comunidad Valenciana para crear una red de evaluación, selección y posicionamiento terapéutico de medicamentos no gusta a los médicos. O al menos no a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que ha reprobado la iniciativa, presentando un texto con numerosas alegaciones en el que considera necesario “la retirada y revisión del contenido del proyecto normativo”.

Este proyecto, que Patricia Lacruz, directora general de Farmacia y Productos Sanitarios, adelantó en Redacción Médica y cuyo objetivo es el de “adoptar  criterios o protocolos de utilización de los medicamentos” y establecer “sinergias entre las distintas estructuras” de la región, también desarrolla el mecanismo que puede emplear la región para poner en marcha los equivalentes terapéuticos.

Se trata del artículo 6 del proyecto, que dicta las funciones de las comisiones de Farmacia y Terapéutica de los departamentos de Salud, entre las que se encuentra “aprobar los procedimientos y protocolos específicos de utilización de los medicamentos en su departamento, incluyendo programas de intercambio terapéutico” en los hospitales. Estos programas son procedimientos mediante los cuáles un fármaco es sustituido por otro de diferente composición, pero del que se espera el mismo o superior efecto terapéutico, según indica documentación de Comunidad Valenciana.

Es contra este aspecto uno de los que carga CESM, advirtiendo de que la definición de una equivalencia terapéutica es competencia de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Lo mismo dice el sindicato respecto a las pretenciones de hacer políticas propias de prescripción y posicionamiento. En este sentido, avisa de que el proyecto “está al margen de la legalidad vigente” y de que el proyecto plantea dificultades de prescripción y “crea unas dificultades enormes para los tratamientos de los ciudadanos”.

Exclusión de Enfermería

Por otro lado, el sindicato también denuncia la conformación de las comisiones, particularmente la de uso racional en el ámbito ambulatorio, puesto que “provoca, por una parte, la exclusión orgánica, incomprensible, de los profesionales de enfermería” y, por otro lado, se incluye “un proveedor sanitario en el seno de un órgano colegiado público con claro conflicto económico de interés como son los colegios de Farmacéuticos. Esto supone una falta de equidad con el resto de profesiones mayoritarias (¿por que no se incluye también representantes de los Colegios de Médicos y Enfermería?)”.

Asimismo, el CESM quiere que se le considere parte afectada para ampliar dichas alegaciones y abre la puerta a tomar acciones legales.

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