Marta Sibina, portavoz de Sanidad de Unidos Podemos en el Congreso; Angela Rodríguez diputada de En Marea; y Eva García Sempere, diputada de Unidos Podemos.
"No será punible la conducta de aquel que con actos necesarios y directos coopere en o cause la muerte a otro cuando este lo haya solicitado de manera expresa". Esta es la frase que el
Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere introducir en el
Cógido Penal, necesaria para desarrollar la
Proposición de Ley Orgánica sobre eutanasia que ha presentado en el Congreso para su debate en el pleno y que incluye las obligaciones del médico para cumplir los deseos del paciente.
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"La Medicina tiene la obligación de proponer soluciones para curar, pero también tiene que trabajar para ayudar a morir en paz"
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"España no es un buen lugar para morir porque los
cuidados paliativos no llegan a todos los ciudadanos", ha dicho
Marta Sibina, portavoz de Sanidad del Grupo y diputada de En Comú Podem, durante la presentación de la propuesta. "Las decisiones en el momento final de la vida están muy limitadas", ha recalcado.
La proposición recoge que la
eutanasia podrá ser solicitada por un paciente "con una enfermedad grave que conduzca necesariamente a su muerte o que padezca sufrimientos físicos o psíquicos que ella considere insoportables". Sobre este último punto, la diputada de Unidos Podemos,
Eva García Sempere, considera que "se trata de una cuestión subjetiva, pero que pueden determinar los médicos".
Para cursar la petición de eutanasia, el paciente deberá solicitarla por escrito al menos dos veces con una diferencia entre ambas de 15 días. Este documento se redactará en presencia del médico y quedará registrado en la historia clínica del paciente.
Obligaciones del médico
La proposición incorpora
ocho obligaciones para el médico que vaya a ejercer la eutanasia entre las que se incluyen dar completa información tanto al paciente, asegurarse de que se trata de una petición voluntaria y constatar que padece una enfermedad terminal. Además, deberá consultar con un médico independiente el caso que redactará un informe sobre el caso que se entregará al paciente y se registrará en la historia clínica.
Si la norma sale adelante, la petición de la eutanasia entrará a formar parte de la
cartera básica de servicios y tendrá que ser garantizado por los servicios de salud para garantizar un "acceso equitativo y universal". De esta manera, si el médico desea ejercer la objeción de conciencia, deberá derivar el caso a otro equipo que no ejerza la objeción para garantizar el
derecho del paciente.
"La Medicina tiene la obligación de proponer soluciones para curar, pero también tiene que trabajar para ayudar a morir en paz", ha defendido
Angela Rodríguez, diputada de En Marea. La muerte derivada de este procedimiento "se considerará equivalente a una muerte natural a todos los efectos, incluidos los relativos a los seguros de vida".
Eva Sempere, Marta Sibina y Angela Rodríguez, diputadas de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea durante la presentación de la Proposición de Ley Orgánica sobre eutanasia en el Congreso.
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Comisiones de seguimiento
La proposición incluye la
creación de comisiones de evaluación en cada comunidad autónoma, formadas por siete personas que serán designadas por los parlamentos autonómicos: dos deberán ser licenciados o graduados en Medicina (uno de ellos debe ejercer la docencia o la investigación en instituciones públicas) y tres deberán ser licenciadas en Derecho, incluida la persona que presida la comisión.
Este organismo velará por el cumplimiento y el desarrollo de la ley, pero también será encargado de
revisar posibles casos de mala praxis. Estas consultas se harán a petición de la institución sanitaria responsable y "habrá de mantener el anonimato de quien accedió a la eutanasia".
Su cometido será revisar si la eutanasia se produjo "según las conidiciones y procedimientos previstos por la presente ley". En caso de duda, podrá levantar el anonimato y pedir al médico responsable la información recogida en la
historia clínica. Si dos tercios o más de los miembros de la comisión consideran que no se han cumplidos los supuestos de la ley, lo comunicará a la fiscalía que decidirá si abrir una investiación.
En caso de producirse algún infracción, las sanciones se llevarán a cabo según lo previsto en la
Ley General de Sanidad. Esta norma señala que puede darse
sanciones administrativas aunque también apunta a infracciones constitutivas de delito, en los que la Administración deberá dirigirse a la justicia y esperar una sentencia antes de continuar con cualquier procedimiento sancionador. Las infracciones pueden considerarse leves, graves y muy graves según criterios como el riesgo para la salud o el grado de intencionalidad.
Diferencias con Ciudadanos
La propuesta de Unidos Podemos va más allá que
la presentada por Ciudadanos sobre muerte digna hace exactamente un mes. La proposición de la formación naranja quiere "regular el ejercicio de los derechos de la persona ante el proceso final de su vida y los deberes del personal sanitario ". Desde Unidos Podemos se ha señalado que ambas normas son complementarias ya que abordan realidades diferentes y que la tramitación de una no está reñida con la otra.
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