El asesor de la UE explica qué se puede hacer para defender los derechos universales que se están perdiendo

Lamata: "Las grandes compañías ven en la salud un negocio, no un derecho"
Fernando Lamata, exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.


7 dic. 2016 12:30H
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POR LAURA DÍEZ
¿Cuál es la situación sanitaria y social actual? ¿Qué se puede hacer para revertir la época de recortes que parece que empieza a revertirse? Sobre estas y otras preguntas ha escrito Fernando Lamata, hasta hace unas semanas miembro asesor del comité de expertos de la Comisión Europea y exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. 

"El asunto está muy complicado. El principal problema es que se ha roto el equilibrio de fuerzas entre la mayor parte de la sociedad y los más ricos. Las grandes corporaciones (financieras, farmacéuticas, de informática y telecomunicaciones, del petróleo, de la industria militar, etc.) y sus ejecutivos se llevan cada vez más proporción de la riqueza nacional a costa de poner en riesgo los derechos de las personas: la sanidad, las pensiones, las prestaciones por desempleo, los servicios sociales, la educación, los salarios. El capital especulativo está ganando la partida. Las grandes corporaciones y las entidades financieras ven la salud como negocio, no como un derecho. Y sálvese quien pueda", escribe como introducción a su texto

A lo largo de un amplio repaso de la situación actual y de los orígenes de la misma remontándose a principios del siglo XX, Lamata recuerda que los resultados en salud "son muy buenos", con un aumento de casi el doble de la esperanza de vida y una importante reducción de la mortalidad infantil. En el modelo europeo, en contraposición con el estadounidense, la financiación es mayoritariamente pública, con apenas un 2 por ciento del PIB del sector privado. En España, en concreto, el Gasto Sanitario Público es del 69 por ciento actualmente. 

Recortes en derechos

Con los años más duros de la crisis, "la mayoría de los gobiernos, en vez de dejar quebrar a los bancos y atajar el fraude fiscal, optaron por lo más fácil: recortar el gasto público, y dentro de éste, recortar la sanidad pública. La justificación era la necesidad de reducir el déficit público y que no aumentara la deuda pública. Pero esa deuda se había aumentado por el rescate a los bancos. La población con derecho a la atención sanitaria se ha reducido, y también se han reducido las prestaciones cubiertas y han aumentado los copagos", expone Lamata. 


"Debemos defender, recuperar y ampliar el derecho a la salud y la atención sanitaria. Ningún derecho es irreversible"



Por todos los antecedentes, el exconsejero de Sanidad asegura que se deben hacer muchas cosas aún en sanidad, principalmente utilizar nuevos métodos para presionar sobre los lugares de toma de decisión, "nuevas formas de organización social en los ámbitos local, regional, nacional, europeo y mundial". 

"Debemos defender, recuperar y ampliar el derecho a la salud y la atención sanitaria. Hemos de ser conscientes de que ningún derecho es irreversible. Tenemos que actualizarlo y alimentarlo día a día", afirma. 

Financiación justa y suficiente

En su opinión, debe haber un catálogo de prestaciones amplio que incluya la salud pública, la Atención Primaria y especializada y la coordinación con los servicios sociales, y la cobertura pública requiere un gasto sanitario público suficiente. "La fuente de financiación debe ser justa, a través de impuestos progresivos ", y se debe "evitar el exceso de intervenciones sanitarias, la sobreutilización. Sobre todo de medicamentos y otras tecnologías sanitarias". 

Lamata también pide que se garantice la equidad en el acceso, atendiendo antes a quien más lo necesitan, y que se reduzcan las listas de espera injustificadas y las desigualdades en salud. 

Controlar a la industria

Por último, además de mejorar la calidad y la seguridad con los medios suficientes, se debe "recuperar el control del sistema: la formación de los profesionales y la investigación, que hoy están controladas por la industria, singularmente la farmacéutica. La industria financia estos gastos con el sobre-precio de los medicamentos que le paga la administración. Este sobre-precio es en ocasiones exagerado, pagando un 6.000 por ciento sobre el coste de producción", algo que para él "no es razonable". 

"Debemos cambiar el modelo de fijación de precios y recuperar la formación y la investigación en plataformas independientes sin ánimo de lucro (sin "pasar" por la industria farmacéutica). Es preciso crear y fortalecer alianzas, plataformas, estados de opinión, observatorios, foros de la sociedad civil que defiendan la sanidad pública, tanto en ámbito nacional como europeo, latinoamericano y mundial", sentencia Lamata. 
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