El Gobierno renueva el papel de la acción social

Redacción. Madrid
Los Anteproyectos de la Ley del Voluntariado y del Tercer Sector de Acción Social que ha aprobado el Gobierno servirán para reforzar el papel de las organizaciones sociales en el diseño y ejecución de las políticas públicas en el campo de los servicios sociales que sitúan a la acción social española en pleno siglo XXI.

Con las nuevas normas, aprobadas el pasado viernes en el Consejo de Ministros, saldrán reforzados los derechos y deberes de los voluntarios y de las entidades en las que participan, ya que se definirá su concepto, su radio de actuación, la conexión con las administraciones y la nueva opción que se abre para que empresas y universidades promuevan iniciativas de voluntariado.

Gracias a estos anteproyectos, el Gobierno ha avanzado en la puesta en marcha de su Agenda Social, destinada a trasladar los síntomas de la recuperación económica a los ciudadanos, en especial a aquellos a los que la crisis ha golpeado con mayor dureza.

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los textos íntegros de los anteproyectos a los que Redacción Médica ha tenido acceso.

Por un voluntariado participativo e intercultural

El anteproyecto que contempla el voluntariado, servirá para cubrir las lagunas que la realidad había ocasionado en la primera y anterior norma datada en 1996. La futura norma será “sensible a la realidad de la acción voluntaria, apostando por un voluntariado abierto, participativo, intercultural e intergeneracional que combine las dimensiones de ayuda y participación, sin renunciar a su aspiración a la transformación de la sociedad”, ha comentado Alfonso Alonso, ministro de Sanidad.

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

“Con los cambios que se han hecho se conseguirá dar cabida a la gran cantidad de personas que, en diferentes circunstancias, quieren ejercer el voluntariado en diferentes sectores”, ha añadido Alonso.

El texto cubre aspectos vacíos en la normativa anterior como las restricciones de participación en acciones sociales que tendrán algunos colectivos o la referencia a nuevos actores, como  las universidades y las empresas, en este ámbito promoviendo la participación en programas de voluntariado. Además, se estableces nuevos ámbitos de voluntariado como son el social, el internacional de cooperación al desarrollo, el ambiental, el cultural, el deportivo, el de ocio y tiempo libre, el comunitario y el de protección civil.

Entre otras de las novedades, destacan los principios de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos de actuación del voluntariado, la “no discriminación” entre las personas voluntarias por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición personal o social y el de accesibilidad de personas con discapacidad y personas mayores.

Papel crucial contra la pobreza

El objetivo de reformar la normativa del Tercer Sector de Acción Social es reforzar su capacidad como interlocutor ante las administraciones públicas, “para el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social mediante la regulación común del conjunto de entidades que lo integran”, ha afirmado Alonso.

Esta anteproyecto supone “avanzar hacia un modelo de atención social más próximo a los ciudadanos” al tiempo que abre las puertas a nuevas formas de diseño, gestión y evaluación de políticas y programas sociales.

En el ejercicio de este rol, destaca el papel activo del Tercer Sector en la concienciación y cohesión sociales y en la viabilidad y eficacia demostradas para integrar las razones del mercado con las de la solidaridad. Por todo ello, se ha establecido un marco regulatorio, a escala nacional, que ampara a las entidades del Tercer Sector de Acción Social, de acuerdo con el papel que deben desempeñar en la sociedad y los retos que han de acometer las políticas de inclusión.

El Tercer Sector de Acción Social “puede contribuir al ejercicio efectivo de los derechos sociales de los colectivos” en torno a los cuales centra sus actividades desde la perspectiva de un concepto amplio de derechos en torno a los colectivos en riesgo de exclusión social para lograr su plena inserción.

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