La liberalización de la oficina de farmacia no reportaría beneficios sanitarios ni económicos

Eduardo Ortega Socorro / Imagen: Adrián Conde. Madrid.
Mientras el Gobierno y el Ministerio de Economía terminan de decidir si finalmente se liberaliza o no la titularidad de la oficina de farmacia, agentes del sector siguen ofreciendo argumento para evitar la ruptura del tradicional modelo español. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles ha presentado un informe en el que advierte de que esta medida no reportaría beneficios sanitarios ni económicos, no favorecería la competencia y rompería la equidad en el acceso al medicamento.

Uno de sus autores, Francesco D. Sandulli, miembro del Grupo de Investigación en Producción de Tecnologías de la Información y Comunicación del Departamento de Organización de Empresas (Giptpic), asegura que “las leyes del mercado no funcionan igual  y son perjudiciales” para las oficinas de farmacia, que son establecimientos sanitarios, no comerciales y parte del Sistema Nacional de Salud (SNS). De hecho, advierte que el cambio haría que cambiaran a tener un carácter más “comercial”, una característica que desde el punto de vista económico no debería ser necesaria: “La farmacia española es la segunda más productiva de Europa”.

Asimismo, advierte de que con la liberalización de las farmacias no se cumple “la teoría de incrementar la competencia”.  En otros países en los que se ha acometido esta reforma “uno de los fenómenos que se ha producido es el de la concentración y de la integración vertical”, un proceso en el que las protagonistas son las grandes distribuidoras y que de forma “sorprendentemente rápida conduce al oligopòlio”. Además, Sandulli advierte de que “la labor asistencial cambia para que su lugar lo ocupe el vender”, acompañada de la caída de la calidad del servicio.

David Córdova, Francesco Sandulli y Fernando Redondo.

Tercer copago encubierto

Por su parte, David Córdova, socio-director de Vinces, avisa de que la liberalización implica “un tercer copago encubierto para los ciudadanos”, dado que conduce a unos mayores costes de acceso al servicio de farmcia. De hecho, Sandulli estima que el coste total de estos desplazamientos oscilará entre los 157 millones de euros y los 817 millones, afectando especialmente a las áreas rurales. “Esto supone una carga económica importante y convierte a los municipios pequeños en financiadores netos de la sanidad pública”.

Sobre esta cuestión, Fernando Redondo, presidente de FEFE, reitera que “los experimentos se hacen con gaseosa” e informa de que el estudio serán enviado al Ministerio de Economía y Competitividad.