González Jurado considera que el que la botica haga determinadas actividades asistenciales supone su "privatización"

Enfermería prepara un informe para cuestionar el modelo español de farmacia
Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, y Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos.


14 nov. 2016 18:00H
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POR @EDUORTEGARM
A las enfermeras no les agradan los pasos que están dando las oficinas de farmacia en su horizonte asistencial y de servicios. Consideran que las labores de adherencia, seguimiento y cribados ya tienen “nombre y apellidos en cuanto a profesiones que pueden y tienen formación para llevarlas a cabo: Enfermería y Medicina”, apunta a Redacción Médica el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado.
 
Por ello, el Instituto de Investigación adscrito a este órgano colegial ha puesto en marcha un “estudio internacional sobre esto que se está mal llamando farmacia comunitaria, para saber la verdad de algunas afirmaciones que están haciendo en España. Una tercera profesión pide tener cabida en estas competencias: yo no digo que no, pero hay que estudiarlo”, explica González Jurado, quien advierte ya de su oposición a que “un establecimiento comercial, legítimo, tenga interés en recabar fondos de actividad asistencial que deben hacer los profesionales sanitarios dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Eso es una privatización de esa actividad asistencial a la que nos vamos a negar rotundamente”.
 

Máximo González Jurado propone "debatir la liberalización de la oficina de farmacia"


De hecho, añade que, al abrirse este melón, “habría que debatir la liberalización de la oficina de farmacia y ver las ventajas o desventajas reales de que la dispensación de medicamentos financiados se haga dentro del sistema, en centros de Atención Primaria”, aspectos clave del modelo farmacéutico español. 
 
Así mismo, González Jurado se pregunta: “¿Por qué el titular de una farmacia tiene que ser un farmacéutico, cuando para ser dueño de un hospital en el que se genera actividad sanitaria no es necesario, y puede ser un fondo de inversión o un particular cualquiera?”.
 
Con todo, el presidente del colectivo profesional de Enfermería afirma: “defendemos la farmacia, nos parece importantísima, pero nadie nos había dicho nunca que quisiera llevar a cabo competencias enfermeras. Evidentemente nosotros no queremos vender productos farmacéuticos ni dispensar medicamentos”, y advierte de que “no se debe desvestir un santo para vestir otro”.
 
Periodo agitado para el modelo de farmacia

Lo cierto es que los últimos años están siendo agitados para el modelo farmacéutico español.  Una de sus bases, el binomio de titularidad / propiedad (es decir, que el titular y dueño de la farmacia tenga que ser un farmacéutico) corrió el riesgo de desaparecer durante gran parte de la pasada legislatura. El Ministerio de Economía y Competitividad  planteó la liberalización de la botica en el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, que finalmente no se llevó a cabo gracias al apoyo mostrado por colectivos sociales, comunidades autónomas e incluso el Ministerio de Sanidad.
 
Con todo, los ‘ataques’ al modelo han continuado. El más reciente fue el informe que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia publicó en 2015, en el que proponía la citada liberalización y acusaba al sistema de “perjudicar  a los pacientes como consumidores de estos productos, incrementar el coste de aprovisionamiento del sector público y reducir el bienestar general”.
 
A pesar de que, por lo pronto, las Administraciones Públicas han hecho caso omiso de estas recomendaciones, fuentes del sector farmacéutico insisten que las presiones para que el Gobierno diluya el modelo farmacéutico español vienen de la Comisión Europea, que ve esta estructura como un límite a la libre competencia y que aspira a que el sistema que se extienda en el viejo continente sea similar al anglosajón. 
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