Los eventuales usarán una 'macromanifestación' para protegerse legalmente

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular que Redacción Médica ofreció en exclusiva el pasado mes de septiembre, y que pretende crear una norma que establezca las consecuencias que para la Administración supongan “la concatenación de contratos o nombramientos en fraude”. Es decir, la ley que marcaría las sanciones por hacer contratos temporales que supongan un abuso para el trabajador del Estado como, por ejemplo, los sanitarios contratados por los distintos servicios públicos de Salud autonómicos. Ahora quedan por delante 9 meses para lograr las 500.000 firmas que son necesarias para que prospere.

Una iniciativa que llega con una fuerte movilización bajo el brazo ya que los promotores de la misma preparan una multitudinaria manifestación en Madrid dentro de tres meses en la que los profesionales de Sanidad, Educación y Justicia (en este orden, según fuentes de los convocantes) se unirán para hacer fuerza a favor de que se cree esta ley. Un proyecto en el que sus organizadores están esperanzados ya que confirman a este medio que en apenas una semana ya han logrado “más de 5.000 firmas”.

En la Iniciativa Legislativa Popular se indica que “por lo convulsa de la situación política actual”, no se han visto otras alternativas para lograr la configuración de dicha normativa. “Son muchos los elementos que deben conjugarse en la solución del  problema debiendo asumir que se debe dotar de estabilidad laboral a dicho  personal si se realizan actuaciones ilícitas o fraudulentas en la función pública”, añade el documento.  “Con base en el Estatuto Básico del Empleado Público se contemplan dos  supuestos para solventar el problema de la gran bolsa de interinidad existente.  Por un lado, la creación de procedimientos de consolidación de empleo en los  casos de prestación de servicios anteriores al 1 de enero de 2.005, procesos  que se han visto claramente insuficientes. Otra solución es el reconocimiento  de la condición de personal laboral indefinido que en atención a la  jurisprudencia del Tribunal Supremo se reconoce expresamente como no fijo.  No se trata de crear funcionarios por cuanto éstos son los únicos que pueden  tener plaza fija en las relaciones de puestos o catálogos de trabajo”, añade.