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7 mar. 2016 19:06H
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Dice el dicho que el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces en la misma piedra, como también que si el inteligente es aquel que aprende de sus propios errores, el sabio es el que lo hace de los ajenos. En las últimas semanas, a Sanofi le ha estallado en las manos el escándalo de las más de 450 malformaciones causadas a recién nacidos como consecuencia del consumo del antiepiléptico Depakine por parte de sus madres durante el embarazo. Cualquiera con unas mínimas nociones sobre lo que ocurre en el sector es capaz de encontrar un clarísimo paralelismo entre este caso y el de la talidomida de Grünenthal. Un laboratorio al que Sanofi, en vez de tomar como ejemplo a no seguir, parece decidido a imitar en su afán por ‘escurrir el bulto’ tras lo sucedido.

En un comunicado que no se publicó hasta dos días después de la publicación del informe llevado a cabo por la Inspección General de Asuntos Sociales francesa a petición del Ministerio de Sanidad, la compañía asegura que “entiende la angustia de las familias que se enfrentan a situaciones que afectan a sus hijos”. Pero no, no lo entiende. Ni por asomo lo hace. Porque si así fuera, si comprendiera lo que supone una vida de discapacidad a debido a unas malformaciones que causan, de forma más o menos indirecta, todo tipo de problemas de salud y un inmenso descenso de la calidad de vida, haría mucho más. Más que excusarse acusando a los médicos, sobre los que descarga la culpa de lo ocurrido delegando en ellos la exclusiva potestad de “valorar cada caso”.

Los pacientes franceses, que aún tienen fresco el escándalo de los ensayos clínicos de Bial saldado con una muerte, se han organizado. Entre sus propuestas, una destaca por encima del resto: solicitar una compensación basada en el acceso a los tratamientos necesarios a través de la creción de un fondo de indemnización. En este punto, Sanofi vuelve a seguir el ejemplo de Grünenthal y se dedica a despejar todos los balones que apunten a una responsabilidad que, dado el número de reclamaciones recibidas durante más de dos décadas, resulta difícilmente eludible. En vez de asumirla y plantearse cómo ayudar a las víctimas, se limita a parapetarse sobre el cumplimiento de sus obligaciones de información sobre los posibles efectos secundarios, especialmente durante el embarazo. Pío pío, que yo no he sido.

Sobra decir que en situaciones de este tipo los pacientes son las grandes víctimas, pero no las únicas. Escándalos como este, al igual que los anteriormente mencionados de Grünenthal y Bial o el que protagoniza Bayer con sus métodos anticonceptivos, también afectan muy negativamente a la totalidad de la industria, sobre la que se posa la sombra de una duda que, injustamente dado el rigor con que se actúa en la mayor parte de los casos, erosiona su imagen.

Dos palabras se han asentado con especial fuerza en el abecedario de las compañías farmacéuticas durante los últimos años: responsabilidad y transparencia. Remitirse a un escueto y autoexculpatorio comunicado oficial, tal y como ha hecho Sanofi, no responde a ninguna de las dos. En vez de eso, el laboratorio que dirige Pierre Brandicourt, y que tiene a Margarita López Acosta como máxima responsable en España ha optado por pasar de puntillas por el tema, como si la cosa no fuera demasiado con ellos. El resultado ya es por todos sabido: Sanofi ya tiene su propia talidomida.

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