2013: de pactos, mareas e impagos

Como el resto de sectores socioeconómicos, la sanidad no ha sido ajena a un complicado 2013, en el que hemos seguido asistiendo a las consecuencias de una crisis a la que no hemos tenido más remedio que acostumbrarnos. El paro, la inestabilidad y la precariedad laboral se han acentuado en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y puede que esta realidad haya terminando empujando a los agentes y representantes de las profesiones mayoritarias (médicos, enfermeros y farmacéuticos) a firmar sus respectivos pactos con el Ministerio de Sanidad en un intento por cambiar el conflicto por el consenso en beneficio último de la sanidad.

Es evidente que quién más ha rentabilizado los pactos y sus respectivas fotos ha sido la ministra Ana Mato. Hasta el mismísimo presidente Rajoy estuvo en el histórico acto, sabedor de que una imagen con los sanitarios podría valer para detener su desgaste por el caso Bárcenas. En el caso de Mato, sí es posible afirmar que los pactos han apartado de un plumazo sus problemas con la trama Gürtel: de estar poco menos que defenestrada políticamente, en un mes de febrero en el que no pocos periódicos pidieron su dimisión, a ser capaz de liderar acuerdos largamente buscados y que no son nada sencillos en un ámbito como la sanidad, y menos aún en estos tiempos.

Por encima de consideraciones sobre su mejorable conocimiento del sector o de su excesiva inclinación a materias menores como la Igualdad, hay que reconocer que Mato cierra 2013 reafirmando la que es seguramente su mejor virtud: su capacidad política, que le ha permitido evitar un final abrupto a su carrera y quién sabe si tomar impulso para nuevas responsabilidades, en Europa, allá por la primavera próxima.

Eso sí, el pacto con los profesionales no parece que vaya a tener continuación política, con los grupos del Congreso, empezando por un PSOE muy crítico con un Gobierno al que reprocha haber cambiado las reglas del juego al modificar las condiciones del aseguramiento, en el polémico Real Decreto 16/2012.

Para los profesionales, los pactos no son -no pueden ser de otra manera- sino el principio de una larga tarea que hay que acometer antes que después. La calidad y la sostenibilidad no son realidades que se alcancen mediante enunciados rimbombantes ni solemnes apretones de manos: no hay otro camino que el trabajo y la puesta en marcha decidida de esas medidas que, en la teoría parecen incuestionables pero que a la hora de pasar a la práctica siempre ocurre otro cantar. Los profesionales lo saben y sus representantes harán bien en estar al tanto de los posibles incumplimientos de lo pactado. Entre otras cosas, porque su legitimidad, recién renovada en algunos casos, depende en gran parte de lo que sean capaces de avanzar.

Es el caso del presidente Rodríguez Sendín, reelegido al frente de la Organización Médica Colegial, sin apenas contestación, salvo el rocambolesco episodio de la candidatura de un día de Tomás Toranzo, más pendiente de las urgencias que de los colegios. Es el caso de los líderes enfermeros, González Jurado y Víctor Aznar, que lograron poner sus diferencias a un lado y propiciar un acercamiento insospechado para firmar un solo acuerdo con el Ministerio y representar así a  toda la enfermería. Y es en fin el caso de la farmacia, en la que Carmen Peña hace todo lo posible por alcanzar entendimientos, aunque la paciencia del colectivo parezca estar llegando a su límite, con el inacabado e incierto problema de los impagos.

En la sanidad autonómica, la Comunidad de Madrid ha sido, seguramente muy a su pesar, la gran protagonista del año. Y con ella su consejero, Javier Fernández-Lasquetty, otro caso muy llamativo de resistencia política, pese a la campaña orquestada en su contra y en el de su proyecto estrella: la externalización de la gestión de seis hospitales.

Las mareas blancas, las de Madrid y las de otros muchos sitios, no parecen tener interés alguno en discutir cómo mejorar la sanidad, sino solo en que el consejero dé marcha atrás y los seis hospitales se sigan gestionando como hasta ahora. Fernández-Lasquetty parece dispuesto a seguir hasta el final con su plan, aunque la justicia sigue teniendo la última palabra. De hecho, los tribunales se han convertido en este año en un factor fundamental para saber el rumbo de la gestión sanitaria. En Castilla-La Mancha, un juez cambió el paso de la Administración autonómica, partidaria de modificar la prestación de los puntos de atención continuada rurales. En Madrid, podría terminar ocurriendo lo mismo: ¿quién debe tomar por tanto las decisiones sanitarias? ¿La Administración autonómica o la de justicia? De momento, y de manera lamentable para los intereses de la sanidad, parece imponerse la segunda opción.

Junto a Fernández-Lasquetty, otro consejero que ha brillado con luz propia en la sanidad de 2013 ha sido Boi Ruiz. Han sido precisamente las dificultades del sistema catalán las que han hecho aflorar lo mejor del conseller, un político sanitario de altura, como hay pocos en el SNS, capaz de conjugar autoridad y conocimiento prácticos con resolutividad y liderazgo en las dificultades de un modelo que no hace mucho era la envidia de todo el país, y que ahora pugna por recuperar el equilibrio, especialmente financiero.

En el lado negativo, Manuel Llombart, consejero valenciano, no ha hecho sino empeorar las circunstancias, ya de por sí muy comprometidas, de su sanidad. Demasiados pasos en falso, demasiadas medidas sin consenso, demasiadas críticas a una labor definitivamente fallida en tan solo un año.

Como ya se ha mencionado, los impagos han tenido en vilo a buena parte de los farmacéuticos durante este 2013. No han sido los únicos: industria farmacéutica y proveedores de tecnología sanitaria también han estado muy pendientes de los pagos pendientes, de los planes especiales del Ministerio de Hacienda y, en definitiva, de la necesaria normalización de un escenario económico que ojalá no haga otra cosa sino mejorar en el próximo año 2014. Será una buena noticia para nuestra sanidad que, muy a su pesar, está comprobando hasta qué punto la economía influye en el resultado final de su actividad ordinaria.