Las principales modificaciones que ha sufrido esta ley en los últimos años se han hecho para mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones del SNS



25 jul. 2015 10:01H
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Redacción. Madrid
El marco legal sanitario acaba de cambiar. El Real Decreto 1/2015, que ha sido publicado este sábado, ha anunciado la entrada en vigor de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Una normativa que ha sido aprobada por el Ejecutivo y que dotará de mayor seguridad jurídica a una regulación que se ha caracterizado por una continua sucesión de normas. En este sentido, como explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, se ha optado por un documento único que regule aquellos aspectos prioritarios del sector. 

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno.

La ley, que entrará en vigencia desde este sábado y que tiene como objetivo armonizar y aclarar estas modificaciones, se ha ajustado a la ubicación y numeración de los artículos y ha homogeneizado la terminología empleada en las normas que se han desarrollado desde 2006 para modificar la normativa.

Las principales modificaciones que ha sufrido la ley en los últimos años se han hecho para mejorar la calidad y la seguridad de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), para garantizar su sostenibilidad, además de otras relacionadas con la farmacovigilancia y la prevención de la entrada de medicamentos falsos. La elaboración del texto ha contado con la participación autonómica y local a través del trámite de audiencia del Consejo Interterritorial.

Desde su aprobación en 2006, diez han sido las principales modificaciones que se refunden el texto aprobado este viernes. Normativas relacionadas con el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; con los contratos del Sector Público, sobre racionalización del gasto farmacéutico con cargo al SNS; sobre medidas para reducir el déficit público; de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud; de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario; o de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, entre otros.

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