La presidenta ha señalado que el Gobierno aún no ha tomado un acuerdo formal



1 sept. 2015 13:17H
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Cristina Mouriño. Madrid
La supresión de la tasa para renovar la tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid se incluirá en el proyecto de ley de los próximos presupuestos. Así lo ha avanzado la presidenta del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Cristina Cifuentes.

Según ha explicado, “el Gobierno aún no ha tomado un acuerdo formal para llevar a cabo esta medida propuesta por el Consejero de Sanidad, pero lo vamos a incluir en el proyecto de ley de presupuestos”. “La idea”, ha continuado, “es ir avanzando hacia un sistema en el que la tarjeta sanitaria sea cada vez menos necesaria y baste con el Documento Nacional de Identidad”.

El responsable de la sanidad regional, Jesús Sánchez Martos, anunciaba esta semana que ve “ilógico” que se cobre a los madrileños 10 euros por haber perdido o dañado la tarjeta sanitaria. Su departamento “está valorando la forma legal de poder modificar la ley”. Esta variación de la ley “se hará con carácter retroactivo desde el momento que tome la decisión”.

Suprimir el Consejo Consultivo ahorrará 2,3 millones de euros al año

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el proyecto que permitirá suprimir el Consejo Consultivo, una vez realizados los trámites preceptivos e incluidas las observaciones de las distintas secretarías generales técnicas de la Administración regional, la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, así como el informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

El texto será remitido a la Asamblea de Madrid para su debate y, en caso de aprobación, supondrá un ahorro para los madrileños de 2,3 millones de euros al año, sin que ello suponga merma en ningún momento para la imparcialidad e independencia de la Administración pública. Según los datos del último año (2014), el Consejo Consultivo emitió 1.801 dictámenes en materia sanitaria y se solicitaron 155.829.437 millones de euros y se reconocieron 882.147 euros como consecuencia de reclamaciones patrimoniales poco fundamentadas o no fundamentadas.

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