El Tribunal de Cuentas da un tirón de orejas a Sanidad al fiscalizar sus gastos de 2006 a 2009

Elena Salgado, Bernat Soria y Trinidad Jiménez, ministros de Sanidad durante los ejercicios de 2006-2009.

Jesús Vicioso Hoyo. Madrid
El Tribunal de Cuentas (TC) ha publicado los informes de fiscalización de los contratos realizados por los ministerios, sus organismos adscritos y entidades estatales a lo largo de los ejercicios de 2006 a 2009, ambos inclusive. Y como era de esperar, los documentos dan un tirón de orejas a prácticamente todas las partes implicadas, incluido el Ministerio de Sanidad y sus entes agregados.

En el primer ejercicio analizado por el TC, entre las carencias de las cuentas del entonces Ministerio de Sanidad y Consumo, como se denominó hasta 2009, del que, entonces, fue su máxima responsable la socialista Elena Salgado, se destacan que no se enviaron para su fiscalización tres contratos, uno de la propia ministra y dos de la subsecretaría, así como otros cinco que no llegaron al Registro Público de Contratos (esto se repite en ejercicios posteriores). Y el informe dice más: “De los expedientes remitidos de oficio por los órganos de contratación 33 lo hicieron fuera de plazo (el 42 por ciento del total)”. También señala que se “evidencia una deficiente presupuestación” en el expediente de un contrato, adjudicado por importe de 197.0000 euros y la baja de adjudicación es superior al 30 por ciento.

Y el TC va a más, ahondando incluso en carencias observadas hasta en los gastos de publicidad de los anuncios, también algo que se repite posteriormente. También critica que hay criterios de valoración de ofertas presentadas que “no guardan una adecuada proporción entre la oferta económica y las propuestas técnicas (80 puntos a la mejor oferta económica y 20 puntos a las propuestas técnicas), dado el objeto del contrato, en el expediente de un contrato adjudicado por la subsecretaría en 1.200.000 euros”. Y, entre muchos otros, de igual forma se fija en que “no queda acreditada la selección del contratista por el procedimiento de negociado sin publicidad, «por imperiosa urgencia»” en un contrato de 1,2 millones, tal y como exige la ley.

La Aemps, la ONT y el Carlos III también pasan por el filtro del TC

En la revisión de 2006-2007, el TC también fija su mirada en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), que “habría incumplido” con lo que dicta la ley que “obliga a los órganos de contratación a comunicar la totalidad de los contratos que celebren”, excepto los de menor cuantía. Así, y a requerimiento “expreso” del TC, la agencia efectuó la remisión “fuera de plazo”. Más tarde, el informe indica que “en cuanto a los contratos adjudicados mediante concurso, se han detectado deficiencias que afectan o hacen referencia a la determinación y posterior aplicación de los criterios objetivos de adjudicación”. Y sigue con otras carencias, como esta: la “omisión, en un contrato de servicios, de la preceptiva publicación de la adjudicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)”

Tampoco se salva del tirón de orejas del TC la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ya que en el documento, publicado en el BOE, se indica que “no remitió de oficio la relación certificada correspondiente al ejercicio 2006, sino que efectuó dicha remisión fuera de plazo, a requerimiento expreso de este tribunal”. Sin embargo, una vez llegada la documentación, no se observaron deficiencias.

El Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD) pasó también por el filtro del TC. En 2008 (con Bernat Soria de ministro9, por ejemplo, revisa un contrato e indica que no encuentra “incidencias significativas”. Ese mismo año, al Instituto de Salud Carlos III se le reprocha que en el análisis de un expediente, por lo que respecta a “la valoración de las ofertas, debe indicarse que ninguno de los criterios objetivos utilizados para valorar la oferta económica se definen por lo que no se garantiza su objetividad”, algo que es preceptivo legalmente.

En 2009, año cuya cartera de Sanidad fue compartida por Soria y Trinidad Jiménez, el TC carga contra “la apertura, previa al acto público de licitación, de información y documentación relativas a determinados aspectos técnicos constitutivos de las proposiciones de los licitadores, que eran evaluables como criterios objetivos de adjudicación y cuya ponderación dependía de un juicio de valor”. Y dice el informe que el tribunal ha criticado esto “reiteradamente”.

Críticas a los juicios de valor

Precisamente esta, entre otras deficiencias, es señalada de manera más acusada en el informe del último ejercicio analizado en relación con el Ministerio de Sanidad: “Los supuestos observados más frecuentemente por este Tribunal fueron: la inclusión de las prestaciones complementarias propuestas por los propios licitadores (mejoras indeterminadas), y la insuficiente concreción de los criterios técnicos, cuya puntuación dependía de un juicio de valor”.

La lista de carencias y deficiencias es mucho mayor, aunque, de igual manera, el TC va señalando “adecuado cumplimiento” legislativo, aunque, eso sí, dejando claro los errores que no debieran producirse.

ENLACES RELACIONADOS:

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Acceda aquí a los informes fiscalizadores del TC: 2006-2007, 2008 y 2009.