El PP rechaza en el Congreso la restitución de la asistencia a los ‘sin papeles’

Redacción. Madrid
El PP ha rechazado en el Pleno del Congreso apoyar una iniciativa del PSOE que pedía la reposición de la asistencia sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles' que, en cambio, sí han respaldado el resto de grupos de la oposición.

El portavoz sanitario del PSOE, José Martínez Olmos, ha defendido la iniciativa.

Se trataba de una moción, consecuencia de la interpelación que la socialista Esperanza Esteve sostuvo con la ministra del ramo, Ana Mato, a finales de mayo en la Cámara Baja y que ha sido pactada con CiU y hoy ha defendido el portavoz del PSOE en la materia, José Martínez Olmos.

Desde el PP, Carmen Navarro ha subrayado que la "amnesia política" está alcanzando "niveles insospechables" y se ha preguntado cómo puede preguntarse que un Gobierno sea "insensible" cuando éste "destina el 63 por ciento de su presupuesto a política social".

A su juicio, es una realidad que no existe mayor exclusión social que la deuda de los 16.000 millones de euros de la Sanidad española. Así, ha defendido que el PP ha permitido que los parados tengan cobertura sanitaria y farmacéutica, al mismo tiempo que se ha elaborado una base de datos nacional para que todas las personas tengan la misma cobertura sanitaria.

Sobre los inmigrantes sin papeles, Navarro ha defendido que España cubre con fondos públicos la sanidad a los menores de 18 años en su totalidad, así como a las mujeres durante la gestación y la cobertura de urgencias. Igualmente, ha dicho que se está tramitando un convenio para que los sin papeles puedan formalizarlo y ser atendidos por la sanidad. Es más, ha recordado la elaboración de un nuevo plan de inclusión social que favorecerá a las personas inmigrantes.

Asegurar la universalidad de la sanidad

La iniciativa reclamaba la adopción urgente de medidas legislativas necesarias para asegurar la universalidad del derecho a la asistencia sanitaria, la calidad del sistema sanitario y su carácter equitativo, restituyendo con carácter inmediato el derecho a la asistencia sanitaria a todo el colectivo de inmigrantes.

Es más, quería instar a un acuerdo de todas las administraciones para la adopción de medidas urgentes con el fin de evitar la exclusión social de las personas en riesgo y garantizar su acceso a los servicios y prestaciones sociales necesarias, dotado con un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias y personas en situación de pobreza y exclusión social.

Para ello, pedía la convocatoria de una reunión monográfica y conjunta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y de la Conferencia Sectorial de la Inmigración, con presencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Es más, exigía al Gobierno la revisión de las políticas de reducción del déficit que el Gobierno reclama a las comunidades autónomas, ya que éstas son las responsables de los servicios sociales básicos y de la lucha contra la pobreza y corregir la minoración de las transferencias del Estado hacia las comunidades en esta materia, así como distribuir los objetivos de déficit entre las comunidades y la administración central "de manera equilibrada".

Finalmente, solicitaba que se informase con periodicidad al Congreso de los Diputados sobre cuál es la repercusión de la crisis en los colectivos más vulnerables de población, presentando informes que presten atención específica a quienes se hallan en situación de pobreza, desempleados de larga duración, menores, personas con discapacidad y en situación de dependencia, mayores, familias desahuciadas o en proceso desahucio y de los inmigrantes que hubieran sido excluidos del derecho a la asistencia sanitaria.  

Rechazo a un Fondo de Emergencia contra la Pobreza y Exclusión Social

Por otro lado, la diputada socialista Trinidad Jiménez ha defendido en el pleno la toma en consideración de una Proposición de Ley para crear un Fondo de Emergencia contra la Pobreza y la Exclusión Social. Jiménez ha instado a que se mantenga el gasto público “en torno al 50 por ciento del PIB” para lograr, según la portavoz, “una educación, sanidad y políticas sociales dignas y de calidad”. La portavoz ‘popular’ Lourdes Méndez ha rechazado los argumentos socialistas, respondiendo que el 63 por ciento del presupuesto gubernamental se dedica a las políticas sociales y que la sanidad “pese a la crisis, se ha preservado universal y gratuita”.