El Consejo de Estado pide duración mínima de las especialidades en la troncalidad

Hiedra García Sampedro. Madrid
El Consejo de Estado se ha pronunciado hasta en dos ocasiones sobre el proyecto de real decreto de troncalidad. Este organismo propuso al Ministerio de Sanidad que la norma estableciera “plazos mínimos” sobre la duración del periodo de formación especializada y que se tuviera “especial cuidado” para que los dos años troncales “no sean en la práctica un alargamiento de la propia carrera.”

José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado.

En cuanto a la creación de nuevas especialidades (Genética Clínica y Psiquiatría Infanto-Juvenil) y áreas de capacitación específica (Infecciosas, Urgencias, Hepatología y Neonatología), el Consejo de Estado está de acuerdo con el proyecto del ministerio excepto en el caso de Infecciosas, ya que en la memoria de la normativa “no aparecen suficientemente explicadas las razones por las que se ha optado por no establecer como especialidades propias formaciones sanitarias que hoy en día han adquirido una relevancia y contenido propio, como es el caso de Enfermedades Infecciosas o de Hepatología.”

Estas aportaciones que hizo en Consejo de Estado a principios de año no han sido incluidas en el texto final, tampoco lo fueron las propuestas relativas a que Microbiología saliera del tronco de Laboratorio, la elaboración de una norma única sobre formación especializada (que incluyera los decretos laboral y formativo del MIR) o la repesca de los aspirantes en caso de que, adjudicadas las plazas, queden finalmente algunas vacantes.

Por otro lado, sí que vieron la luz en el texto final las propuestas que hizo el Consejo de Estado en enero sobre la eliminación de la exigencia de encontrarse en activo para acceder a la reespecialización o la previsión de una prueba nacional para acceder a plazas en el sistema de reespecialización.

Sin embargo, tanto en su dictamen de enero como en el de julio, el Consejo de Estado avisa que esta normativa “generará un esperado y considerable impacto económico, organizativo y asistencial, no evaluado ni trasladado a la memoria económica y presupuestaria.” La Dirección General de Ordenación Profesional contestó al Consejo de Estado que serán las comunidades autónomas las que realmente “asuman el costo”, “habiendo sido además favorablemente informado ese nuevo sistema por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en el que están representadas las comunidades”.

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