Los servicios jurídicos de la Junta consideran que colisiona con su estatuto de los derechos de los pacientes



13 ago. 2013 11:31H
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Redacción. Madrid
Las reformas emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en los escasos sus escasos dos años de recorrido están levantando suspicacias en algunas comunidades autónomas, principalmente las pocas que hay de diferente signo político, celosas en su mayoría de sus las competencias que consideran propias.

Mariano Rajoy y José Antonio Griñán.

Andalucía es junto a Cataluña la que más 'guerra' está dispuesta a dar a las iniciativas reformistas del Ejecutivo central. Los servicios jurídicos de la Junta están estudiando ahora si elevar un recurso al Tribunal Constitucional para frenar algunas de las medidas de la reforma de las Administraciones Públicas emprendida hace unos meses por el presidente Rajoy, y con la que estimó en su momento que se ahorrarían unos 37.000 millones de euros.

Desde el Gobierno andaluz entienden que esta reforma invade competencias en varios campos, entre ellos la Dependencia. El informe que maneja la Junta indica que la reforma de Rajoy vulneraría el artículo 22 del estatuto autonómico de los derechos de los pacientes, ya que otorga al ministerio la responsabilidad de determinar el coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la definición de las aportaciones de las Administraciones Públicas y de los beneficiarios para su financiación.

Con este argumento en la mano, el Ejecutivo de José Antonio Griñán está dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional para defender lo que considera como una competencia propia y porque entiende que se vulnera su Estatuto de Autonomía.
 

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