El Gobierno vasco no pedirá cárcel para los acusados en el 'caso Margüello'

El Gobierno vasco no ejercerá la acusación en próximo juicio por el caso Margüello. El Ejecutivo ha decidido no actuar como parte acusadora contra los cuatro ex altos cargos de la Sanidad vasca para los que la Fiscalía reclama hasta 28,5 años de prisión y una indemnización de casi 7 millones de euros, por los perjuicios económicos causados a la Administración vasca.
 
Según el escrito dirigido al juzgado por los servicios jurídicos del Gobierno vasco, al que ha tenido acceso El Español, éste solo plantea la posibilidad de reclamar, vía responsabilidad civil, la indemnización pertinente, en el supuesto de que el tribunal condene a los acusados. Es decir: se pide la restitución del dinero, pero solo si se acredita que fue “ilegalmente utilizado”.
 
Sin embargo, el Ejecutivo que lidera el lehendakari Íñigo Urkullu (PNV) no cree en la existencia de los delitos y, por tanto, no se suma a las peticiones de cárcel de la Fiscalía contra los acusados.   

Escrito de acusación
 
El ‘caso Margüello’ se remonta a 2010, cuando poco después deformarse un gobierno integrado por el PSOE, con Patxi López de Lehendakari y Rafael Bengoa como Consejero de Sanidad, salieron a la luz las supuestas irregularidades en las adjudicaciones que se estaban llevando a cabo en el Hospital de Cruces. Éstas venían de la anterior etapa, con ejecutivos del PNV y Gabriel Inclán como consejero. La denuncia de estas irregularidades provocó una fuerte polémica política entre PSOE y PNV.
 
La Fiscalía de Vicaya hizo público el escrito de acusación contra los cuatro imputados el pasado mes de diciembre. Según la Fiscalía, en ese hospital se estableció una trama mediante la cual las empresas de José Carlos Margüello, jefe de sección de la Unidad de Calidad del centro, fueron favorecidas por concesiones públicas.
 
En ellas actuaba como cara visible María Nieves Fernández, que evitaba que Margüello incurriera en incompatibilidad. Así, el fiscal ha pedido 26,5 años de cárcel para los tres excargos y 11 para la citada afectada; además de la devolución de 6.821.154 euros como perjuicio económico ocasionado a la comunidad autónoma.