Amyts demanda ante el TSJ de Madrid el plan de personal de la Consejería

Redacción. Madrid
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), sindicato de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, ha presentado, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una demanda contra el Plan de Ordenación de Recursos Humanos (RRHH) elaborado por la Consejería de Sanidad.

Julián Ezquerra, secretario general de Amyts.

Amyts ha mostrado de forma reiterada su rechazo a esta norma “desde su imposición, que no negociación” en la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado 4 de marzo (acceda al documento aquí). Además, fuentes del sindicato no dudan en relacionar esta normativa con la supuesta pretensión del Ejecutivo regional de “recolocar y despedir al personal de la sanidad pública movilizado como consecuencia de la privatización de la gestión de los seis hospitales públicos en la actualidad en licitación”. Y añade los siguientes puntos como “razones” que justifican su recurso:

En primer lugar, “movilidad por razón del servicio: Amyts no puede admitir en ningún caso la movilidad por razón del servicio, ya que la defensa de los derechos laborales de los profesionales es el fin principal de esta asociación profesional, y por ello mostrará siempre su disconformidad con la movilización forzosa de personal toda vez que entiende que esta es una merma de los derechos de los mismos”. “En ninguna circunstancia puede dar conformidad a la Administración en estos movimientos porque falta información sobre planificación estratégica a corto, medio y largo plazo”, añade.

En segundo lugar, con relación a la jubilación, “Amyts ha manifestado siempre su deseo de que se permita a los profesionales la posibilidad de prorrogar la edad de jubilación de forma voluntaria hasta los 70 años, siempre que las condiciones de salud lo permitieran, y desarrolle actividad asistencial. Los profesionales son el principal capital del Servicio Madrileño de Salud. En las circunstancias actuales, con jubilaciones en 2013 de aproximadamente un 10 por ciento de facultativos, y en los próximos cinco años de otro 20 por ciento, con tasas de reposición mínimas, la pérdida de facultativos en el sistema será muy elevada, lo que se traducirá inexorablemente en un incremento de las listas de espera, una disminución de la calidad y un deterioro del sistema”.

En tercer lugar, “unido íntimamente al punto primero, movilidad por razón del servicio, se encuentran las denominadas alianzas estratégicas. Esta medida da libertad para mover personal de centros públicos hacia centros privatizados, y por tanto se producirían dos de las principales medidas que rechazamos: la movilidad forzosa y la privatización”.

Como cuarto punto, “se contempla en el plan de ordenación de RRHH la ejecución de una de las medidas que contiene el Real decreto Ley 16/2012, que entendemos es una modificación unilateral de las condiciones laborales de los sanitarios que accedieron a las plazas de esta denominación, con unas condiciones que deben ser respetadas”. Por último,  el sindicato asegura que “igualmente afectados por el Real decreto Ley 16/2012, se dice por parte de la Administración que se paraliza la ejecución de lo que se contempla en el Decreto por estar pendiente de recursos ante el Tribunal Constitucional. En todo caso reiteramos lo dicho para los Cupo y Zona”. Y añade “falta de concreción en relación a concursos de traslados y selección y provisión de plazas”.