Redacción. Santiago
Los ajustes que el Gobierno central ha decidido aplicar en el sistema de atención a la Dependencia supondrán un recorte de 21,5 millones de euros en las trasferencias que Galicia tendría que percibir este año del Estado para atender a las personas dependientes.

Beatriz Mato, consejera de Trabajo y Bienestar.

En concreto, la partida global prevista en Galicia para hacer frente a las prestaciones de la Ley de Dependencia este año estaba fijada en 360 millones de euros, de los cuales el Gobierno central tendría que aportar 97, y el resto la Comunidad gallega. No obstante, los Presupuestos Generales del Estado para 2012 recogen la eliminación del nivel acordado de 283 millones de euros, ajuste que en Galicia significa una caída de 17 millones en la aportación del Estado a la atención a la Dependencia.

Asimismo, con el nuevo sistema de financiación el Estado disminuirá en un 13 por ciento las transferencias del nivel mínimo, que en el caso de Galicia se traducen en otro recorte de 4,5 millones, aproximadamente.

Pese a estos recortes, fuentes de la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta han subrayado que no peligra la atención de los dependientes que ya están dentro del sistema, aunque sí reconocen que el ritmo de atención a nuevos dependientes se verá ralentizado en todo el Estado. Además argumenta que el espíritu de la Ley de Dependencia es primar los servicios frente a las pagas, no sólo porque garantizan la atención de calidad que precisa el dependiente, sino porque además generan empleo en uno de los nichos de mercado laborales aún sin explotar. Asimismo, garantiza que en Galicia se mantendrán las horas que destinan los cuidadores profesionales a los dependientes, pese a los recortes.

Pero además, el Gobierno gallego reclama que la ponderación no sea gradual en cinco años, como ha aprobado el Ministerio, sino efectiva en su integridad desde su puesta en marcha.

No obstante, la Xunta reconoce que la reforma de la Ley de Dependencia era "algo inaplazable" porque se ha demostrado "inviable" por "falta de financiación", transcurridos cinco años desde su entrada en vigor. Ante esta coyuntura, reconoce la necesidad de "priorizar", por lo que defiende que "antes que nadie, en el sistema han de entrar los grandes dependientes y el dependiente moderado antes que el leve".