Salud prepara una instrucción para regular la actividad privada de los centros públicos

Redacción. Barcelona
La Consejería de Salud de la Generalitat catalana prepara una instrucción para regular y promover la autorización de la actividad privada de los centros que forman parte del sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (Siscat) y establecer un marco de trabajo, según un documento del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) al que ha tenido acceso Europa Press.

El proyecto de instrucción ‘Actividad privada en los centros sanitarios del Siscat’ considera que es “éticamente aceptable” la actividad privada en los centros públicos, siempre que se garantice el principio de equidad, entendido como igualdad de acceso.

Presentado en el Consejo de Dirección del CatSalut el 29 de septiembre y posteriormente en la Comisión de Proveedores del 7 de octubre, el documento dedica un capítulo al Instituto Catalán de la Salud (ICS), en que abre la puerta a la atención de pacientes “que deban ser atendidos como pacientes privados o que pidan ser atendidos como pacientes privados”.

El documento explicita los criterios generales para la autorización de la realización de actividad privada según el tipo de entidad y régimen de utilización de bienes.

El proyecto plantea una “lista de espera única” en el caso de los pacientes del ICS y de empresas públicas y consorcios para garantizar el principio de equidad en las condiciones. “Las condiciones de la prestación deben ser idénticas, de acuerdo con la necesidad de atención con independencia de la condición con la que se accede a los servicios, y sin perjuicio del régimen de cobertura y seguro”.

De todas formas, habla de establecer una separación de la puerta de entrada “para evitar derivaciones no legítimas”, y establece un punto para prohibir la competencia desleal.

Justificación: la sostenibilidad

El proyecto habla de poner al alcance de los centros una “clara regulación de alcance y las condiciones que, si es necesario, autorice el CatSalut o la Consejería de Salud”, con el fin de contribuir a la sostenibilidad del sistema, señala el documento.

De hecho, justifica el proyecto en la “necesaria mejora de las condiciones y actuaciones con relación a su responsabilidad económico-financiera y la mejora de la sensibilización de la utilización de los recursos”.

La normativa quiere proveer un código ético, una regulación de precios de las prestaciones complementarias, una definición de las mismas y mecanismos de control y transparencia.