El Gobierno y el Cermi se unen para elaborar una nueva Ley de Servicios Sociales

Redacción. Oviedo
La consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, se ha comprometido a trabajar conjuntamente con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en el Principado de Asturias (Cermi Asturias) en la elaboración de un borrador de una nueva Ley de Servicios Sociales hasta el final de la legislatura.

Esther Díaz.

Así lo ha hecho durante una jornada informativa sobre la modificación de la Ley de Servicios Sociales del Principado, organizada por el propio Cermi Asturias, en colaboración con la Consejería de Bienestar Social  y el Cermi Estatal, en la que se ha analizado y puesto de manifiesto la importancia y necesidad de la reforma legislativa parcial que se realizara a la Ley de Servicios Sociales del Principado, con el objetivo de mejorar la concertación de los servicios públicos, gestionados por parte de las entidades del Tercer Sector, ha explicado el Cermi en un comunicado.

En opinión de Díaz, esta reforma supone “un instrumento de colaboración con las entidades de iniciativa social, hacia el concierto social, evitando la concurrencia competitiva” y ha apuntado que “aunque desde la Administración se ha llegado al máximo limite competencial de la comunidad autónoma, surgirán algunas dificultades aun en la gestión de los servicios”. Asimismo, ha informado de que dicha propuesta se encontraba en la actualidad en el Consejo Económico y Social  y que una vez que fuese aprobado pasaría al Consejo de Gobierno para ser finalmente tramitado en el Parlamento Regional.

Por su parte, Mónica Oviedo, presidenta de Cermi Asturias, ha incidido en la necesidad y relevancia de que esta modificación sea aprobada con carácter urgente, para una eficaz gestión de los servicios sociales por parte del Tercer Sector y una atención de calidad a los usuarios de los mismos.

Enrique Galvan, director de Feaps ha hecho hincapié en que con esta iniciativa legislativa, Asturias se sumará a las buenas prácticas de las Administraciones Publicas de otros territorios, las cuales ya han puesto en marcha esta concertación de servicios, como es el caso de País Vasco, Baleares, y el Ayuntamiento de Barcelona en la incorporación de clausulas sociales en sus pliegos de contrataciones. Asimismo, ha destacado que con esta modificación normativa y la preferencia que se otorga a las entidades sociales para que compitan en igualdad de condiciones, con otras entidades, en la concertación de servicios, “se garantiza no solo la estabilidad económica y financiera del sector, sino también la de su personal”.

Por último, el director general de Políticas Sociales, Enrique Rodríguez, ha apuntado lo que en su opinión son los tres puntos principales de esta modificación legislativa, que serian: la definición de las entidades sociales, la definición del concierto social y el régimen preferente de las entidades sociales a la hora de concertación de los servicios por parte de la Administración.