Salud ofrece su colaboración a la Fiscalía sobre las listas de espera

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ofrecido su "total y absoluta" colaboración a la Fiscalía de Huelva tras la apertura de una investigación motivada por el presunto incumplimiento en los plazos de las listas de espera tras una denuncia presentada por el sindicato de enfermería Satse el pasado mes de julio.
 
En un comunicado remitido por la Consejería de Salud, se ha indicado que colaborarán con la Fiscalía "con el fin de aclarar lo antes posible" que desde la dirección del Complejo Hospitalario "no se han dado instrucciones para modificar los datos de demora en las peticiones de consultas externas" con el especialista, poniendo así de manifiesto el "absoluto compromiso" tanto de este centro como del conjunto del sistema sanitario público andaluz en Huelva con la "transparencia en la gestión de las listas de espera".
 
La Junta ha reprochado a Satse que, "guiado por su campaña de desprestigio hacia la sanidad pública", transmita una imagen "catastrofista que no se corresponde con la realidad y ponga en duda la situación de las listas de espera en general", cuando en realidad la Fiscalía únicamente ha solicitado "información sobre las consultas externas".
 
Para la Junta resulta "cuanto menos curioso" que Satse haya dado a conocer esta petición de información de la Fiscalía coincidiendo justamente con la publicación el pasado miércoles a cargo del SAS de los datos de demora asistencial en la sanidad pública andaluza, dentro del compromiso de transparencia que la Junta mantiene desde el año 2008 en este ámbito, que convirtió a Andalucía en la primera comunidad autónoma en hacerlo.
 
Según los últimos datos publicados a fecha de 30 de junio, en el apartado específico de la atención especializada en Huelva, del total de pacientes pendientes de una primera consulta con el especialista, el 83 por ciento de ellos se encuentran por debajo de los 60 días fijados como tope por el Gobierno andaluz, mientras que de las 18 especialidades incluidas en el decreto de respuesta que se prestan en la provincia, solo en dos se superan los 60 días de demora.
 
Se trata de una situación sobre la que ya se viene trabajando en los últimos meses, con el "refuerzo e implementación de nuevas medidas" para mejorar la capacidad de respuesta y garantizar el decreto para todos los pacientes, habiéndose incrementado ya, de hecho, la actividad de las consultas de especialidades en más de un tres por ciento en este primer semestre.
 
Desde Salud han querido recordar también que en los otros dos apartados sobre los que el SAS da a conocer los tiempos de respuesta, el de intervenciones quirúrgicas y el de pruebas diagnósticas, la provincia se sitúa por debajo de los plazos máximos garantizados. Incluso en el primer caso, la demora en Huelva para una operación no urgente es un mes inferior a la media del conjunto del Estado español, mientras que en pruebas diagnósticas es de 21 días, frente a los 30 que garantiza el sistema sanitario público andaluz.
 
La información que ofrece la Junta de Andalucía "sigue siendo la más amplia del conjunto del Sistema Nacional de Salud", en tanto en cuanto la normativa andaluza es "la más garantista e incluye el mayor número de procedimientos quirúrgicos con un plazo máximo por decreto", además de detallar de manera exhaustiva la situación por centros, provincias y a nivel regional.
 
Igualmente, se ofrece la información total de los pacientes que tienen su garantía en vigor --únicos datos disponibles y comparables a nivel estatal-- y de aquellos que han perdido este derecho.
 
La Junta ha querido destacar en este comunicado el "esfuerzo que se está llevando a cabo desde todos los centros sanitarios por mejorar los tiempos de respuesta a los ciudadanos", a pesar del aumento de indicaciones y de demanda asistencial y, sobre todo, "insistir de nuevo en que la situación que quiere transmitir Satse es incierta".
 
La administración andaluza considera, por último, que cuestionar tal y como hace Satse las listas de espera, que están "basadas en datos rigurosos, acreditados y verificados", supone también "atacar la labor y el esfuerzo de los profesionales que hacen posible que se cumplan los plazos de respuesta a la ciudadanía".