La institución actúa de oficio ante las quejas recibidas por parte de pacientes cuya “situación que no admite más demora”



22 dic. 2014 20:36H
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Redacción. Sevilla
“Estamos recibiendo quejas de algunos afectados (de hepatitis C) cuya situación no admite más demora, por lo avanzado que se muestra la enfermedad en ellos, y la carencia actual de tratamiento, más allá de lo que pudieran tomar para determinados síntomas”. Así reza en la queja de oficio que ha abierto el Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, contra la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, dependiente de la Consejería de Salud, para conocer cómo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) va a dispensar el fármaco innovador para la hepatitis C.   

Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz.

“Nos hemos dirigido al SAS interesándonos por el proceso que debe conducir a la dispensación de dicho tratamiento en los hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, fundamentalmente por lo que hace a la disponibilidad del mismo en los hospitales de aquel, y al comienzo de su dispensación a aquellos pacientes que lo precisen”, ha informado el organismo en su página web.

En la iniciativa, el Defensor señala que la investigación en el campo de la medicina está proporcionando constantemente nuevas terapias para el tratamiento de diversas enfermedades, cuya “eficacia resulta a veces discutida”. Por ello, la institución asiste a “múltiples requerimientos” de ciudadanos, ya que el procedimiento para su autorización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios “resulta largo y complejo, así como su incorporación a la prestación farmacéutica del sistema sanitario público”, advierte.

Desconocimiento del proceso de dispensación

La queja recoge que en el último año “hemos tenido noticias del proceso de autorización del fármaco sofosbuvir (de nombre comercial Sovaldi), y fundamentalmente de la negociación llevada a cabo desde el Ministerio de Sanidad con el laboratorio fabricante, en un intento de rebajar el alto coste del producto y con vistas a su incorporación a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud”. Sin embargo, líneas más abajo reconoce que “nada sabemos” del proceso “que debe conducir a la dispensación de dicho tratamiento en los hospitales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, fundamentalmente por lo que hace a la disponibilidad del mismo en los hospitales de aquel, y al comienzo de su dispensación a aquellos pacientes que lo precisen”.

Por ello, y con las quejas llegadas a su despacho, la Oficina del Defensor se ha puesto manos a la obra para tomar cartas en el asunto aunque una “situación que no admite más demora, por lo avanzado que se muestra la enfermedad en ellos, y la carencia actual de tratamiento, más allá de lo que pudieran tomar para determinados síntomas”.

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