Sánchez Rubio recuerda que esta medida persigue la eficiencia y la calidad de la prescripción



14 nov. 2013 15:29H
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Redacción. Sevilla
La convocatoria pública para la selección de medicamentos (la llamada subasta) que lleva a cabo Andalucía sigue encontrándose obstáculos por parte del Gobierno de España, según ha lamentado este jueves en el Parlamento andaluz la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. Para la Junta de Andalucía, esta medida es una apuesta decidida y una prioridad absoluta ante la durísima crisis económica que atraviesa la sociedad española, ya que los ahorros repercuten únicamente en la cuenta de beneficios de la industria farmacéutica.

Sánchez Rubio.

Sánchez Rubio ha manifestado que a la vez que se intenta paralizar esta convocatoria pública, se imponen medidas como el copago, que penaliza a la ciudadanía y protege a las grandes empresas.

El procedimiento de convocatoria pública para la selección por principio activo, contenido en la Ley de Contratos del Sector Público, se ha frenado hasta en cinco ocasiones, ha recordado Sánchez Rubio. La primera, cuando el Gobierno de España recurrió el Decreto Ley, así como la primera convocatoria ante el Tribunal Constitucional (TC), pidiendo suspensión de la misma. No obstante, el TC hizo un acta de levantamiento de suspensión.

Después, y ante la segunda convocatoria, se planteó nuevamente ante el TC un conflicto de competencias y se presentó un contencioso administrativo en los juzgados de Sevilla, recurso que suspendió dicha instancia judicial por estar pendiente la resolución del TC.

Ahora, ante la tercera convocatoria, el Gobierno de España ha vuelto a presentar un contencioso administrativo pidiendo nuevamente la suspensión de este procedimiento, que conllevaría un ahorro anual de 35 millones de euros y que se sumaría al que se está consiguiendo ya con la primera y segunda subasta, cifrado en 74 millones.

La consejera andaluza confía en que el nuevo recurso "se paralice, como el anterior, por estar pendiente la decisión del Tribunal Constitucional, y se pueda seguir adelante como hasta ahora".

Para Sánchez Rubio, estos cinco recursos se suman a los duros recortes presupuestarios y asfixiantes objetivos de déficit que se imponen desde el Gobierno de España. "Por un lado, nos exigen austeridad, pero por otro nos impiden desarrollar medidas de eficiencia y de ahorro inteligente que no repercuten en la calidad de la asistencia sanitaria ni en el bolsillo de la ciudadanía", ha enfatizado.

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