Defiende una sanidad pública en Cádiz frente a la “privatización a mansalva de la Junta”



1 dic. 2015 18:46H
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Redacción. Cádiz
El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, y el cabeza de lista de IU-UP al Congreso por Cádiz, Santiago Gutiérrez, han expresado su apuesta por una sanidad “universal, gratuita y pública” frente a un Gobierno socialista en la Junta de Andalucía que se dedica a “privatizar” y a “concertar a mansalva”.

Antonio Maillo.

En declaraciones a los periodistas en San Fernando (Cádiz) tras reunirse con representantes sindicales del Hospital de San Carlos, Maíllo ha señalado que la provincia gaditana es “la más privatizada de la sanidad” y donde, en su opinión, el delegado territorial de la Consejería de Salud “es prácticamente Pascual”.

Maíllo ha argumentado que el Hospital de San Carlos “evidencia la falta de voluntad del Gobierno socialista de la Junta de haber afrontado una oportunidad que han perdido intencionadamente, que es la de haber dotado al cien por cien a dicho hospital para su uso máximo para la población de la Bahía”.

Al respecto, ha incidido en que la Junta ha “renunciado a utilizar un hospital que se ha traspasado al Gobierno andaluz”, ya que “apenas si hay 44 camas donde puede haber más de 300”. Igualmente, ha lamentado que la Junta “sigue concertando en la provincia al 50 por ciento”, lo que ha calificado de “despropósito”.

En su opinión, la Consejería de Salud y la Junta de Andalucía están “derrochando en sanidad” porque, teniendo infraestructuras como el Hospital de San Carlos “para ponerla al servicio de la sanidad pública”, ha “preferido seguir derivando dinero a concertadas, con un sobrecoste” que va a ir “en perjuicio” de lo que reivindican, pues “si el hospital ya es de la Junta tiene que utilizarse al cien por cien”.

Por su parte, Gutiérrez también ha resaltado la necesidad de que se dote de las infraestructuras y los servicios necesarios al Hospital de San Carlos para dar “un servicio público de calidad a toda la población de la Bahía”. Ha apostado también por la incorporación en la red pública “a todos los niveles” de otras infraestructuras como por ejemplo el HARE de Vejer, “en detrimento de las concesiones privadas”.
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